Luego de que los dirigentes de AGMER se entrevistasen ayer con las autoridades del Consejo General de Educación -ocasión en que la presidenta del CGE, Graciela Bar, recalcase que “no hay plata» como única respuesta a las demandas de los docentes-
Artusi anunció en este sentido que presentará esta semana un proyecto de resolución por el que propone instar a la Cámara de Diputados de la Nación a aprobar una iniciativa del diputado Luciano Fabris, reclamando al Poder Ejecutivo Nacional el pago a las provincias de los montos adeudados por aplicación del Artículo 7º de la ley nacional 23.548, que establece el régimen federal de coparticipación de impuestos.
El legislador radical recordó que el mencionado artículo establece que «el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34 % de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles».
El diputado señaló que en la iniciativa del diputado nacional Luciano Fabris se consigna que “durante el año 2008 el total recaudado por la Nación fue de $269.735 millones y lo distribuido a las Provincias en concepto de coparticipación fue de $68.809 millones, o sea un 25,54 %. Por lo tanto también las provincias se vieron perjudicadas recibiendo $ 22.900 millones menos de lo que por ley les corresponde”.
De esta manera, se infiere que el año pasado la provincia se habría visto privada de percibir, en función de las alícuotas de coparticipación vigentes, más de $ 1.160 millones de pesos. “Se trata de recursos de todos los entrerrianos, que ningún gobierno puede dejar de reclamar», indicó.
Finalmente, Artusi consideró que «la deformación del federalismo fiscal no se agota en el incumplimiento de la ley de coparticipación sino que se manifiesta también en el impuesto al cheque, en el 15% que las provincias aportan a la ANSES, en las retenciones, en el fondo de los ATN, etc.”.
Asimismo, recordó que el bloque de la UCR presentó el año pasado un proyecto de ley instando al Poder Ejecutivo Provincial a reclamar ante la Nación por recursos correspondientes a las provincias, “de los que la administración central se apodera desde hace algunos años de manera abusiva e ilegítima».
