«El deterioro es cada vez mayor. Las quejas de los vecinos son insistentes», afirmó el diputado Julio Aldáz., agregando que la compañía «deberá adecuar sus sistemas productivos, sin que esto signifique resentir los puestos de trabajo».
Para el ex intendente es «fundamental» recuperar el arroyo Calá, que en los últimos años sufre una constante agresión y con ella la mortandad de distintas especies de su flora, fauna y fauna ictícola.
Por otra parte dijo que las imágenes que se utilizaron para ilustrar los completos informes presentados no pueden describir los olores nauseabundos que emanan las chimeneas de la industria, lo que afecta no solo a los vecinos de Rocamora sino que llega hasta los poblados cercanos como el de Basavilbaso.
Ante las expresiones del legislador, los aportes técnicos que llevaron a la reunión las distintas reparticiones del Gobierno y la exposición de dirigentes sindicales, que admitieron que las condiciones laborales del personal de la planta son «infrahumanas», y que las instalaciones son «obsoletas», los directivos de la empresa se limitaron a escuchar sin emitir opinión alguna.
«No es un problema ambiental, es de seguridad e higiene», afirmó Oscar Balla, Director de Trabajo de la provincia, quien incluso fue más terminante al afirmar que los obreros trabajan en un «estado deprimente y desastroso».
Por su parte, Moguilner dijo que esperaba una postura «más realista de la empresa», ya que únicamente «se interesó al tener trascendencia pública lo que ocurre con la planta radicada en las proximidades de Rocamora». El responsable de Medio Ambiente aseguró que el Gobierno de Entre Ríos no admitirá que se siga agrediendo al medioambiente con sistemas obsoletos de producción sino que los empresarios tendrán que comprometerse a sanear el arroyo Calá. Por otra parte, afirmó que se aplicará todo el rigor de la legislación vigente y que incluso de ser necesario se clausurará la industria.
