Junto con Álvarez se presentan asociaciones de usuarios y consumidores en apoyo al proyecto que “crea mecanismo legales para agilizar la resolución de conflictos en el marco de las relaciones de consumo”.
Se trata de la nueva Ley de Defensa del Consumidor, que establece un sistema de resolución de conflicto en las relaciones de consumo y será tratado por un plenario de comisiones de Derechos Humanos y Garantías, a cargo del formoseño Luis PetcoffNaidenoff (UCR); de Justicia y Asuntos Penales, conducida por el entrerriano Pedro Guastavino (FpV); de Industria y Comercio, a cargo del correntino Eugenio “Nito” Artaza; y de Presupuesto y Hacienda, que preside el bonaerense Aníbal Fernández (FpV).
El kirchnerismo reunió el quórum en soledad ya que toda la oposición adelantó su rechazo al paquete de reformas enviado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, denunciando un intento policial de intervenir las empresas.
De aprobarse la norma, se crea tres instrumentos: el Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo en la Secretaría de Comercio (COPREC); la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.
El COPREC es una instancia conciliatoria previa y gratuita para el consumidor, competente para dirimir los conflictos derivados de las relaciones de consumo, hasta cierta suma de dinero que no exceda los 55 salarios mínimos.
A su vez,la Auditoría estará facultada para determinar el resarcimiento al consumidor, siempre que no se haya llegado a un acuerdo conciliatorio ante el COPREC.
El nuevo fuero estará compuesto por ocho juzgados federales de Primera Instancia, dentro de los cuales funcionarán tres fiscalías y tres defensorías, y una Cámara Federal de Apelaciones, con una fiscalía y una defensoría pública oficial.
La oposición ya tiene pedidos múltiples de derogación de la Ley de Abastecimiento, como ratificó el jefe de la bancada de diputados nacionales de la UCR, Mario de Negri al señalar que “ambos proyectos son recursos desesperados de un gobierno que no ataca los problemas reales, cree que el control político de la economía y el miedo ejemplificador son el camino indicado, busca desesperadamente un intervencionismo impracticable, están muy perdidos, el populismo sin plata es muy peligroso”.
En tanto, el proyecto de ley que crea un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será abordado en soledad por la Comisión de Industria y Comercio, en el mismo lugar y horario del plenario mencionado.
La UIA ahondó la cuestión, al igual que la AEA, al sentenciar que la nueva ley permitiría al Estado “fijar márgenes de utilidad, precios máximos de referencia, niveles mínimos y máximos de precios, incautar e incluso vender bienes y servicios escasos sin juicio de expropiación previo”
El Observatorio funcionará como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.
Entonces, esta nueva institución podrá recomendar a la Secretaría de Comercio el requerimiento de documentación relativa al giro comercial de las empresas e informes a organismos públicos y privados.El marco regulatorio, según los fundamentos del proyecto, se sustenta en la “constitucionalidad de las acciones de intervención estatal, para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.
La Secretaría de Comercio, como autoridad de aplicación, podrá intervenir en los estados previos de la cadena de valor (sin contacto directo con el consumidor) “fijando márgenes de utilidad”, así como “precios de referencia” y “niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”.
Allí se “fijará la agenda para el tratamiento” de los expedientes, por lo que se descarta la firma de dictamen alguno.
