La semana pasada se generó una fuerte contrapunto entre el gobierno y la Defensoría de la Tercera Edad, a partir de un informe difundido por ese organismo, que indicó que la “canasta básica” de los gastos de un jubilado o pensionado alcanza un costo de 2.063,45 pesos, cuando 76 por ciento de los pasivos cobran por mes el haber mínimo de 895 pesos o aún menos.
Argibay Molina se sumó así a la polémica y exhortó a la ANSES a alinearse con el fallo que emitió el máximo tribunal en el caso Badaro, cuando dispuso subir un 88,6 por ciento la jubilación entre enero de 2002 y diciembre de 2006, de acuerdo al índice de variación salarial.
La magistrado, asimismo, se manifestó en contra de la creación de Juzgados especiales para agilizar las 362.000 causas abiertas al respecto, con el fin de evitar “un gasto para el Estado”.
“El problema es que la ANSES paga mal, entonces, todos empiezan a hablar de la industria del juicio, que todos quieren llegar a la Corte Suprema. Nos llegan las causas de previsión social porque están mal calculados los haberes, las jubilaciones están mal hechas”, se quejó Argibay Molina.
La magistrado, en declaraciones a radio América, recalcó que “no paga lo que debe la ANSES, incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar, insiste con no pagarlos y tratar de llegar hasta la Corte” .Argibay Molina agregó: “Nosotros tenemos el famoso caso Badaro”, e instó al organismo a tomar ese ejemplo y “seguir pagando los porcentajes de ajuste”.
Fuente: DyN.
