Los juristas elegidos por los gobiernos se presentarán ante el Tribunal para tratar la legalidad o no del corte de ruta como metodología de protesta.
El gobierno de Vázquez solicitó la convocatoria de este organismo tras alegar que los cortes de los puentes sobre el río Uruguay, en Gualeguaychú y Colón, le costaron al país unos 400 millones de dólares en pérdidas por turismo, comercio, transporte y otros servicios.
La semana que viene se designará al presidente del tribunal, mediante un sorteo en la Secretaría del Mercosur, en virtud de que ambos países no se pusieron de acuerdo: Uruguay sugirió dos candidatos y Argentina propuso otros dos diferentes.
El presidente tiene que poseer la nacionalidad de un tercer país del bloque regional o fuera de él, ya que puede ser brasileño, paraguayo o español, pero siempre seleccionado de la lista de árbitros juristas que están registrados en el Protocolo de Olivos.
Masnatta, el representante argentino, fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y convencional constituyente en 1994. Actualmente se desempeña como embajador y asesor de la cancillería argentina y es experto en Derecho Constitucional.
Gamio, por su parte, es doctor en Derecho Internacional, asesor jurídico de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo y ex secretario de Relaciones Exteriores del país vecino.
El gobierno de Kirchner, que ejerce la presidencia temporal del bloque, no convocó al Consejo de Ministros, máximo órgano político; pero finalmente debió aceptar al Tribunal de Controversias, una instancia que figura en la normativa del bloque regional.
Hasta el momento, y desde la creación del Mercosur en 1991, el Tribunal actuó en 10 oportunidades. Uruguay y Argentina han litigado dos veces, ganando una vez cada país.
El canciller Reinaldo Gargano dijo que la designación de los árbitros es un paso importante en medio de este diferendo. “Es el único órgano supranacional del Mercosur; el que puede decidir por su cuenta de manera obligatoria para todos”, destacó.
Consultado sobre si el gobierno va a demandar a la Argentina por daños y perjuicios en caso de que el tribunal falle a favor de Uruguay, contestó: “Vamos a ver qué dicen los jueces que están interviniendo y lo que dicen los asesores del Ministerio en materia jurídica y en el examen de este tema”.
Gargano también opinó que los profesionales contratados por su país para actuar en la demanda presentada por la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tendrán “un papel descollante”. Y agregó: “Lo que hay que hacer es esperar, mantener los nervios tranquilos y no hablar demasiado”.
