«Acusar de esa forma a un gobierno es, además de falaz, algo grave. Nuestro jefe de Estado desaprueba los cortes, pero se niega a reprimirlos», señaló la jefa de la misión argentina, Susana Ruiz Cerutti.
«La Haya no tiene competencia en esto porque su intervención está acotada al ámbito del Tratado sobre el Río Uruguay, que nuestros dos países firmaron en 1975. Ese acuerdo regula la explotación de un río común. ¿Me quieren decir qué tiene que ver un río, que es agua, con un corte en una ruta?», se quejó Cerutti.
Del lado uruguayo, el jefe de la misión, Héctor Gros Espiell, sostuvo que la Corte sí es competente porque «lo que está en juego es una presión ilegal para que Uruguay abandone su derecho» de obrar sobre el río.
Como objetivo del agotador intercambio figura el propósito de cada parte de orientar el fallo que, no más allá del 15 de enero, debe producir el tribunal ante el pedido uruguayo de «medidas cautelares».
Para Uruguay, que se siente ganador en cada foro internacional al que llega la disputa, un pronunciamiento adverso sería como recibir un golpe en el pecho en plena carrera. Para la Argentina, que viene de perder tres recursos en lo que va del año -en julio, aquí mismo; en septiembre, en el Mercosur, y hace unos días, ante el Banco Mundial- un cuarto golpe sería como un mazazo.
El otro gran tema fue la naturaleza de los cortes. Para Uruguay, constituyen poco menos que una pesadilla insoportable. «Un chantaje que la Argentina usa para conseguir lo que no logra en los tribunales; una amenaza para la construcción de las plantas, una asfixia para la economía y para el turismo. Y una pésima señal para potenciales inversores», fue la enumeración.
Todo ello seguido, para colmo, del pronóstico de que, a futuro, «encima, se van a agravar». La Argentina respondió que todo eso es falaz. Que los cortes no afectan a la economía uruguaya, «que el año pasado creció el 7 por ciento», y que no impiden la construcción de las plantas, «que avanza a muy buen ritmo», dijo Ruiz Cerutti.
Hay un sentido de urgencia, porque Uruguay asegura que lo que enfrenta es un daño irrecuperable. «Si Uruguay debe poner fin al proyecto de Botnia para proteger su turismo y su economía, será un daño irreparable. Si Botnia parte, la Corte no tiene poder de hacerla volver», argumentó Gros Espiell.
Esto es, si el país vecino violó o no el estatuto del río Uruguay al decidir «de modo unilateral» la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos.
«Uruguay nos obligó a forzar la máquina, pero igual llegaremos a tiempo con nuestra argumentación», prometió Ruiz Cerutti, antes de que sus colaboradores la rescataran del fragor.
