A través de la nota, el Gobierno nacional reiteró el reclamo a su par uruguayo para que “deje sin efecto la autorización, produzca la información complementaria pendiente, y se atenga al procedimiento de información y consulta previas previsto en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay”.
De no proceder así el Uruguay, la Argentina “considerará que la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia previsto en el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay”, según dice el texto.
Sobre el conflicto, el Gobierno argentino señala al del Uruguay que “tal medida constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, el cual se encontraba en pleno desarrollo, luego de haber sido puesto en marcha por el Uruguay en el marco del citado artículo 7”.
“El Gobierno argentino lamenta que el Gobierno uruguayo, a pesar de los requerimientos formulados a diferentes niveles y hasta muy recientemente, haya adoptado esta medida”, continúa la nota.
Para el Gobierno nacional, “esta interrupción unilateral constituye una nueva violación por parte del Uruguay de sus obligaciones que emanan del Estatuto del Río Uruguay y que la Corte Internacional de Justicia tuvo oportunidad de precisar en su fallo del 20 de abril de 2010”.
La nota de Cancillería manifiesta que “dicha autorización se inscribe también en la constatación del incumplimiento por parte de la planta de UPM (ex Botnia) de los standards establecidos pertinentemente y que se verán agravados si la autorización de aumentar la producción se implementara”.
