Las actuaciones se habían iniciado tras las declaraciones de Celli en las que “me voy por las presiones y las persecuciones que he sufrido. Acá lo insalubre no es el trabajo sino el enfrentamiento constante”.
Ante este cuadro de situación, el procurador general le corrió traslado al propio magistrado para que responda a su requerimiento de mayores precisiones, y Celli contestó que se hacía cargo de las expresiones que se le adjudicaban en el reportaje, pero no “de las especulaciones, conjeturas o comentarios que -como surge de la literalidad del articulo- son de factura y opinión de la periodista y que se añaden o intercalan en el reportaje”.
En el escrito, también consideró que “las ‘presiones’ a las que aludo no guardan relación con la comisión de ningún hecho delictivo del que haya sido sujeto pasivo, sino con la existencia de una estructura judicial que en su diseño favorece y/o posibilita prácticas humanamente deteriorantes con aptitud para comprometer la independencia interna de los jueces, que es su condición y presupuesto de imparcialidad, nota esta distintiva de la jurisdicción”.
“Ese diseño o modelo que entiendo anacrónico de la democracia a la que muchos aspiramos, no es responsabilidad penalmente relevable de nadie en particular, sino responsabilidad cívica de todos, entre los que me incluyo. Está claro que jamás fui sujeto pasivo de ninguna acción por la que se me exigiera que adoptara decisiones jurisdiccionales propias de mi función en un sentido u otro distinto del proveniente de mi condición; ellas pudieron suceder ‘a raíz de’, ‘luego de’, pero nunca ‘antes de’ o ‘para que’ decidiera de un modo u otro”, sentenció Celli en su descargo, que dejó “conforme” al procurador y archivó las actuaciones.
