La intención del municipio es que los encargados de las cooperativas de servicio informen, cuando traigan trabajadores de otras provincias o países limítrofes, donde los van a alojar. Para ello, deberán obtener un permiso municipal que requerirá una previa habilitación del lugar.
Por otra parte, pedirán auxilio a la Policía para que colabore en el trabajo preventivo evitando que los menores entren a las quintas. Hay explotaciones grandes que llegan a tener hasta 2000 personas en su interior y los productores admiten que es muy engorroso identificarlos. Por ende, las fuerzas policiales deberían encargarse de subir a los colectivos para pedir DNI. “Si hay un menor, bajarlo inmediatamente”, dijo Loggio.
No obstante, no será una tarea sencilla. En los días de trabajo pico -una quincena en la temporada- pueden llegar a movilizarse cerca de 10.000 personas. La Policía no cuenta con los móviles ni los recursos humanos necesarios para controlar la marea de cosecheros desplazándose por rutas y caminos vecinales. No obstante, la intención es que los encargados de la cuadrillas, al observar que hay mayores controles, comiencen a dejar de lado la prácticas de llevar menores. “Los empresarios deben identificar a las empresas de servicios que no cumplen con la ley para sacarlos de circulación”, reclamó Loggio.
Los empresarios manifestaron que su voluntad es que se termine con esa situación. Es que a las empresas les generan perjuicios porque los encargados de las cuadrillas son, en la gran mayoría de los casos, personas insolventes. Cuando en una inspección encuentran menores, las multas las asumen los propietarios de las quintas porque son solidariamente responsables. Ese problema se potenciará si se pone en marcha un proceso judicial con la posibilidad de terminar con una condena, de cumplimiento efectivo incluso.
“Es un problema muy complejo en una actividad sumamente dinámica. Es tan corto el plazo de recolección que no supera los 45 días. Hay momentos pico en que los empresarios se desesperan por conseguir personal. Una vez que la fruta pasó su punto de maduración, no se la pueden cosechar ni comercializar”, resaltó el funcionario municipal. Por ende, las empresas comienzan a llevar cosecheros que no cumplen con los requisitos mínimos: menores e indocumentados (uruguayos, paraguayos y bolivianos).
Loggio indicó que la municipalidad no tiene poder de policía en la materia. “El 90 % de la producción arandanera está fuera del ejido municipal”, dijo. Pero, no obstante eso, dijo que la política del municipio es colaborar en la erradicación de la presencia de menores en la cosecha.
