A propósito de la cantidad de casos que se detectaron la semana pasada en distintos campos de la zona de Concordia, Calabacilla, y cerca de Federación, de menores trabajando sin autorización de sus padres, o incluso menores de 15 años, trabajando en la cosecha del aràdano; DIARIOJUNIO consultó al coordinador departamental del Copnaf Fernando Rouger respecto de cual es la situación de los distintos casos de explotación de menores, desde el punto de vista judicial. En este sentido, el funcionario provincial aclaró que “en estos casos no hay denuncia ante la Justicia porque la causa se sigue en la vìa administrativa donde se les da (a los acusados) una plazo de gracia para hacer su descargo y, de ser hallados responsables de la explotación laborar infantil, se los somete al pago de una multa”.
La semana pasada, se detectaron alrededor de 20 chicos, entre mayores de 16 sin autorización y menores de 15 años, trabajando en la cosecha del aràndano.
Según refirió Rougier, “por suerte ya no se encuentran menores traídos a aquí de otras provincias, son todos de acá de Concordia” señaló el funcionario en tanto reconoció que cuando se realizan los operativos, algunos de los menores se escapan por el monte para no ser identificados. No obstante, el número de adolescentes de 16 años que piden permiso a sus padres para trabajar en la cosecha, asciende a 300 en lo que va de la temporada. cifra que a pesar de ser superior a la de años anteriores, todavía implica que sigue habiendo un importante margen que trabajan en negro
El registro que no registra
Por iniciativa del Concejo Deliberante, se conformó el año pasado un registro en el que las empresas o particulares interesados en aglutinar trabajadores de la zafra para ofrecer sus horas de trabajo a los productores, debían inscribirse y dejar todos sus datos; al contar con la presencia de APAMA, el sistema proponía que en los años sucesivos, ninguna de las empresas que no se habían registrado podría ser contratada por los productores.
Sin embargo, en dialogo con DIARIOJUNIO, el delegado local de subsecretaría de Derechos Humanos Rubén Bonelli, adelantó “me han confirmado en la Dirección de Trabajo que este año no se registró ninguna”. A este respecto también se refirió el secretario general del Sindicado Obreros de la Fruta, Alcides Camejo, quién apuntó que “Hay mas de 120 contratistas y ninguna se anotó en la dirección del trabajo como empresa de servicios”. dijo.
El año pasado en ese registro había al menos una cifra, un número de empresas de no refleja la totalidad del sector, pero hacía suponer un mínimo control sobre la actividad. Este año da la impresión de que cualquiera puede contratar a un grupo de personas, o traerla de otras provincias sin garantizarle el más mínimo servicio de alojamiento, y usufructuar las ganancias de hacerlos cosechar en quintas de terceros, cobrándole al productor un monto pactado fijo, y remunerando a los cosechadores un jornal por debajo de la establecido en paritarias, y la única pena que recibiría es una multa que le impone la Dirección del trabajo. Al no judicializarse la cuestión (que muchas veces roza el delito de la trata de personas) los contratistas vuelven a hacer lo mismo una y otras vez, a fin de cuentas la multa la pagan y ya.
