Basta indagar a cualquier habitante de nuestra Ciudad sobre lo que se abona en concepto de energía eléctrica para que inmediatamente (con ceño fruncido) empiece dar su explicación técnica-política y a renglón seguido comentarnos la imposibilidad o dificultad de hacer frente a la misma. El ceño se fruncirá aún más si le preguntamos sobre lo que abonan los porteños por este concepto.
Los mayores reclamos serán para la Cooperativa Eléctrica y quienes la administran; a posteriori será la Municipalidad, Provincia, «los impuestos», y luego finalizara con la casta culpable de todo: «los políticos».
Solo una ínfima parte señalara la evidente contradicción de que a no más de 15 km se encuentra una de las más importantes usinas hidroeléctricas, que produce un 8% de la energía total del país, y a la cual en base al art. 37 de la ley 24065 y la res. 01/2019 de Secretaria de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico se paga al precio más bajo de todo el país. Vaya contradicción a Salto Grande se paga la energía más barata, prácticamente «al costo» y a quienes residen a la vera de tal generadora deben abonar una de las tarifas más caras del país.
Lamentablemente pocos conocen la historia de la Represa de Salto Grande, de las marchas en Montevideo para que los legisladores uruguayos incluyan la construcción de la misma en su presupuesto; de la existencia, logros y funciones que cumplió el Comité Internacional Pro represa, las asambleas de la ciudadanía en Odeón, en fin, pocos conocen que Salto Grande a diferencia de muchas obras tiene la particularidad de haber sido prevista, apoyada e impulsada por los pueblos ribereños.
En ese entonces, existía la convicción de que la misma iba a traer un desarrollo inusitado a nuestra región, fundado ello en que la obra gigantesca de Salto Grande permitiría solucionar problemas vinculados a la navegación, a la energía, al riego, al control de las crecientes y, desde luego, a la utilización del agua para fines domésticos y sanitarios.
Ese proyecto estratégico quedo truncado; siendo aún inconcluso. Su prioridad (y única función) parece ser la de generar energía, inclusive se llegó a pensar que la misma pase a manos privadas, el pueblo nuevamente salió a la calle y lo impidió.
Luego de la mano de la ley 24954 las ganancias (excedentes) que generaba Salto Grande pasarían a manos de las Provincias para poder mitigar los efectos negativos de la represa, desde el poder central se procuró que tales ganancias no existan; agravándose tal situación en el Gobierno Nacional que paso. Leáse desfinanciación de CAFESG.
Una nueva etapa comienza. No solo porque el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal se encuentre en sintonía política; lo que implica desde ya que los egoísmos, o disputas por los recursos en principio deban ser dejados a un lado; sino porque a lo anterior debe sumarse que el actual Secretario de Energía de Nación – ingeniero Sergio Lanziani es uno de los hacedores de que Misiones abone una tarifa eléctrica un 20% menor.
El ingeniero Lanziani es un especialista en la materia, y conoce en profundidad la injusticia que padecemos los del «interior», y lo sabe porque fue uno de los que logro que se convierta las regalías de Yacyretá en especie (energía), logrando el mencionado abaratamiento de la misma.
Tanto el gobernador Gustavo Bordet, como el intendente Enrique Cresto tienen entre unas de sus metas estratégicas lograr ese viejo anhelo, a sabiendas que una tarifa diferenciada no solo beneficiaría directamente a los ciudadanos, sino también representaría una llave para la economía local.
Logrando así la descentralización de la industria, para que las empresas se radiquen en los lugares donde se producen las materias primas, evitándose el costo inútil del transporte hacia los grandes centros urbanos. En esa forma se podrá llegar en los hechos y no en los papeles a un país federal, con un desarrollo homogéneo.
