Ambas cámaras legislativas, por unanimidad, expresaron su apoyo a las gestiones que desarrolla el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, ante organismos nacionales apenas se conoció la decisión del gobierno de la República Oriental del Uruguay de autorizar el aumento de producción a la pastera que está ubicada a la vera del río de los pájaros frente a Gualeguaychú.
El documento señala la existencia de violaciones de convenios suscriptos por la ROU y Argentina. Además promueve la activa participación de Entre Ríos en la elaboración de la presentación que se hará ante organismos internacionales para ejercer la defensa de los derechos humanos y ambientales de toda la región.
Entre sus fundamentos, el proyecto de resolución especifica que los incrementos de las sustancias contaminantes han podido ser detectados por análisis realizados por laboratorios internacionales (los laboratorios Pacific Rim y Exova, ambos de Canadá) donde se ha precisado que se han detectado pesticidas organoclorados, organofosforados, carbámicos y/o pirotroides, así como un apartamiento de la normativa vigente si se considera la temperatura de las aguas volcadas con relación a la temperatura promedio del río y la presencia de fenoles en los efluentes, entre otras irregularidades.
Asimismo, en sus fundamentos el proyecto resalta que el “serio compromiso que el gobierno de la provincia de Entre Ríos ha asumido con la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, los cuales han sido plasmado normativamente en el texto de la constitución reformada, en numerosas leyes dictadas por ese poder legislativo y en numerosos actos de gobierno”.
Destaca el acompañamiento de la Provincia al reclamo del pueblo entrerriano ante la situación ambiental presentada a partir de la autorización de instalación de industrias de plantas de pasta de celulosa sobre la vera oriental del Río Uruguay, por su impacto ambiental contaminante, transformando el tema en una “cuestión institucional de trascendencia”, lo que motivó en su oportunidad numerosas gestiones ante el Gobierno Nacional para que por la vía diplomática y la vía judicial internacional, se reclamara a la República Oriental del Uruguay el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos y la no contaminación del ambiente a partir de actos unilaterales potencialmente perjudiciales.
Uno de los aspectos centrales de los argumentos que sostienen la posición entrerriana es que “el conflicto entre partes involucra la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos”.
Indica que por su naturaleza resulta ser de competencia de la Corte Internacional con asiento en La Haya, por ser el presente conflicto generado por la actitud del gobierno uruguayo una derivación de la sentencia dictada por aquél organismo “que no ha sido debidamente observada por la ROU”.
Además señala que el Uruguay, con su decisión de habilitar la mayor contaminación del Río Uruguay, va contra los alcances del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969, del tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso no navegable de los Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur del año 2001 y de la Declaración de Estocolmo del año 1972.
Antes de iniciar la sesión especial, el vicegobernador José Cáceres, recordó que apenas conocida la determinación del gobierno uruguayo, el gobernador Urribarri inició gestiones ante las autoridades nacionales para manifestar y promover el rechazo a las acciones que “atentan contra el medio ambiente y degradan un recurso compartido como es el Río Uruguay”.
En la sesión, el senador por el departamento Gualeguaychú, Natalio Gerdau, manifestó que uno de los aspectos centrales de los argumentos que sostienen la posición entrerriana es que “el conflicto entre partes involucra la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos”.
Indica que por su naturaleza resulta ser de competencia de la Corte Internacional con asiento en La Haya, por ser el presente conflicto generado por la actitud del gobierno uruguayo una derivación de la sentencia dictada por aquél organismo “que no ha sido debidamente observada por la ROU”.
Además señala que el Uruguay, con su decisión de habilitar la mayor contaminación del Río Uruguay, va contra los alcances del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969, del tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso no navegable de los Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur del año 2001 y de la Declaración de Estocolmo del año 1972.
Gerdau, a su vez, resaltó “la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos que encabeza el gobernador Urribarri” y agradeció en nombre de los Gualeguaychuenses la realización de esta sesión especial y la de los Diputados.
“Es un pueblo hermano, pero la contaminación nos hace un daño irreversible”, resaltó y recordó que “cuando Gualeguaychú dijo ‘no a las papeleras’, lo hizo en defensa de toda la región, de su presente y de su futuro”.
El legislador recordó las luchas americanas contra el imperialismo y pidió “no ceder, no hipotecar los recursos naturales. Defender y cuidad el agua”.
Después enfatizó ante sus pares lo hecho por el gobernador entrerriano “que ha luchado y lucha por agotar todas las vías de diálogo, dando una amplia participación a todo el arco institucional, para llevar adelante y defender una posición que apoya todo el Pueblo Entrerriano”
En tanto, la Cámara de Diputados se reunió en una sesión extraordinaria, y aprobó de manera unánime el Proyecto de Resolución por el que insta al Estado Argentino a que intervenga ante un nuevo incumplimiento y violación del Estatuto del Río Uruguay por parte de la República Oriental del Uruguay.
Esta petición al Estado Nacional surge a raíz del incumplimiento por parte de la República Oriental del Uruguay al Estatuto del Río Uruguay, producto de las nuevas autorizaciones que se les brindó a la planta UPM (ex-Botnia) para aumentar su producción de pasta de celulosa, inicialmente a 1.2 millones de toneladas y recientemente a 1.3 millones, con el consiguiente incremento en la generación y desecho de sustancias nocivas, desconociendo la sentencia del año 2010 del Tribunal Internacional de La Haya.
Como miembro informante, el proyecto de resolución fue fundamentado por la diputada de Gualeguaychú, Leticia Angerosa, quien se remontó al articulado del Estatuto del Río Uruguay y a la declaración que aprobó el miércoles el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, que respalda la decisión de volver a la Corte internacional de La Haya.
Por otra parte, a sostuvo que “duele tener q estar pidiendo una medida de este tipo para con un gobierno y pueblo hermano como lo es la República Oriental del Uruguay con Argentina” pero esta petición se realiza “por el pueblo de Gualeguaychú y los entrerrianos, por lo que está ocurriendo en cuanto a la contaminación y por las nuevas violaciones, no sólo al Tratado del Rio Uruguay sino también a lo sancionado por La Haya, donde nos aclara que ante cualquier nueva medida sobre el Río Uruguay debe ser acordado por ambos gobiernos y eso no se hizo” precisó la diputada Angerosa.
