El objeto de la presente ley es promover las bases de una contratación equitativa y el desarrollo de una cultura arquitectónica y urbanística que procure la mejor calidad posible de las obras a encomendar teniendo en cuenta metas técnicas, sociales, culturales, económicas, ambientales y tecnológicas, como así también la obtención de cooperación entre todas las partes interesadas, incluso aquellas que compiten entre sí, dice uno de los artículos.
También apunta a la adecuación para buscar las mejores soluciones posibles teniendo en cuenta los programas de necesidades correspondientes, la promoción de la cooperación interdisciplinaria y la pertinencia adecuada de los conocimientos aplicables al diseño y construcción de las obras públicas, la selección del oferente dando a cada participante la posibilidad de presentación de sus ideas, argumentos y propuestas, la creación de un procedimiento que concentre etapas, sea transparente y sirva de base para la toma de decisiones del organizador y la generación de oportunidades para los participantes de poder tomar parte en la realización de la obra concursada.
El proyecto que fue aprobado por unanimidad de los diputados también contiene especificaciones sobre la autoridad contratante, justificación del llamado a concurso, tipos de concursos, procedimientos, convocatoria e inhabilitaciones, entre otros aspectos.
Al fundamentar su proyecto de ley, el diputado Artusi dijo que "apunta a generar un marco normativo para la contratación de obras de arquitectura y urbanismo por parte del sector público provincial a través de la implementación de un régimen de convocatoria a concursos.
En ese sentido señaló que recogió y contempló inquietudes y reclamos de diversos sectores, como el caso de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA).
La entidad en julio de 2015 recordó que desde hace muchos años viene reclamando una Ley Nacional de Concursos para la Obra Pública, "que brinde al Estado Nacional, Provincial, Municipal, una herramienta eficaz y transparente de asignación de los proyectos, urbanos y arquitectónicos, que emprende.
Entendemos que, para las obras de nivel nacional y provincial, el concurso público debe ser obligatorio, ya que este camino permite la elección de la mejor solución, entre las innumerables alternativas que se presentan, para dar satisfacción a las necesidades que plantea el comitente.
“Nuestro requerimiento se basa en la experiencia que los arquitectos hemos acumulado a lo largo de 120 años, en los que nuestras entidades han organizado concursos de todo tipo y escala. Es esta rica experiencia la que nos permite afirmar que esta modalidad permite otorgar transparencia a la asignación de las obras, así como asegurar que la solución a materializar es la mejor posible para sus futuros usuarios", señaló FADEA en aquel documento, que fue tenido en cuenta por el diputado Artusi para la redacción del proyecto que tuvo media sanción este mediodía.
