La creación de una nueva Convención para el tratamiento de deuda de países es una iniciativa argentina que cuenta con el respaldo del G-77, un grupo conformado por 133 países más China. El G-77 determinó de manera unánime elevar al ámbito de las Naciones Unidas el debate sobre la deuda y la creación de una nueva Convención para el tratamiento de los pasivos de países, un tópico que históricamente había sido delegado por los países al ámbito de los organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Se votará una resolución sobre la necesidad de crear dicho marco, sobre la pauta inicial de que el nuevo esquema estaría creado en el lapso de un año. La Argentina presentaría su propuesta concreta antes de fin de año, y el proyecto oficial plantea que si un país reestructura su deuda, y ese plan es aceptado por el 66 por ciento de los tenedores de bonos, el otro 33 por ciento debe aceptar esas condiciones, como en cualquier proceso de reestructuración del ámbito comercial.
El G77 logró trasladar el debate a Naciones Unidas, argumentando la necesidad de frenar la acción de los llamados fondos buitre sobre los países, y sobre el impacto económico, social y en los derechos humanos, que podría tener la réplica del fallo del juez Thomas Griesa. La deuda de países a nivel global alcanza los 75 billones de dólares. Respecto del debate, si bien hay cierto consenso generalizado de que hay que ponerles un freno a los acreedores, hay países desarrollados que ponen resistencia y quieren que el FMI siga con el monopolio de la tarea de conducir y condicionar las reestructuraciones.
Timerman consideró ayer que "la actitud de Estados Unidos" en el conflicto entre la Argentina y los fondos buitre"ha sido, al menos, ambivalente" y reclamó que ahora "apoye la aprobación" del marco regulatorio para la reestructuración de deudas soberanas en la Asamblea General de Naciones Unidas.
"En caso contrario quedará claro que Estados Unidos no acepta que el derecho internacional regule sus ordenamiento nacional", señaló. En declaraciones a la agencia NA el funcionario explicó desde Nueva York que"la deuda externa afecta, en forma directa, valores que dan sustento a los principios sociales, económicos y políticos de las naciones y los pueblos y, a su vez, genera condiciones para las violaciones a los derechos humanos". Por eso dice que debe intervenir la ONU.
