Apropiación de tierras: el fiscal, a Diputados

Los legisladores se hicieron eco de una serie de notas que publicó El Diario y donde se alertó respecto de la manera cómo el Estado venía registrando parcelas de islas fiscales de los departamentos Victoria y Gualeguay, cuando en realidad son terrenos de dominio pública, y por tanto intransferibles. La presencia de los funcionarios hoy en Diputados será para que brinden un informe de carácter netamente informativa, según anticiparon desde la Cámara baja.
En el informe que produjo el 21 de noviembre último el director de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción, Juan Carlos Flematti, dice que en el departamento Victoria, de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, “las mensuras de posesión involucran a 50.507 hectáreas, haciendo la distinción que profesionales diferentes presentan mensuras por el mismo lote o isla. En algún caso, hasta tres planos de mensura por el mismo inmueble”.
Según el funcionario, de los 109 predios existentes, “26 de ellos se hallan mensurados con la finalidad de adquirirlos por prescripción adquisitiva”.
En el departamento Gualeguay, de las 45 mil hectáreas “consideradas bienes del dominio público, 58.500 hectáreas cuentan con alguna mensura de posesión, dos o hasta triplemente mensuradas por distintos profesionales, lo que hace superar en 18.500 las hectáreas mensuradas respecto de la superficie de los bienes inmuebles. De los 70 predios propiedad del Superior Gobierno, 56 de ellos se encuentran mensurados con la finalidad de adquirirlos por prescripción adquisitiva”, añade.
En diálogo con EL DIARIO, Rodríguez Signes adelantó que hoy en Diputados informará respecto de cuál es la legislación aplicable en torno a los terrenos de dominio público porque, aseveró, «hay bastante desconocimiento».
De todos modos, sostuvo que será tarea de Catastro «aclarar» el tema de las registraciones de parcelas. Yo lo que hice fue observar un problema, y a partir de eso, de acuerdo a la competencia de la Fiscalía, que es el control de la legalidad y la defensa del patrimonio público, recomendar una solución».

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