Santana confirmó que el monto a prestar serán $ 25.000. “Hay un listado de las 13 cooperativas a las que se les prestará. El listado puede ser extensible. Lo que a priori se va a otorgar serán $ 15.600, $ 1.200 para cada una”, dijo.
Las cooperativas beneficiadas son: Ñanderoga (Bº San Martín), Amistad (Bº Lezca), Unión y Fraternidad, 1º de Marzo, Nuevo Camino, Puerto de Paz, Velez Sarfield, 6 de Abril, Sol Naciente, Luz de Esperanza, La Bianca, Cayetano, entre otras.
El dinero será recuperado por el municipio “cuando se logre la certificación, que la Nación deposite en la cuenta, una parte va a girarse a la Cooperativa. La municipalidad, lo único que aporta es el dinero para salvar la situación. La cooperativa lo va a devolver en dos cuotas y hay un gasto muy pequeño que sirve para las cuestiones administrativas”.
En cambio, el concejal Ricardo Larocca (UCR), junto con Gladis Tribulatti (Nuevo Espacio) se negaron a ratificar el convenio. El edil radical alegó que consideraba “desprolija” la situación. “El municipio recibió $ 1.900.000 en la primera etapa para la construcción de las viviendas. Ahora nos encontramos con que las cooperativas necesitan un préstamo para poder continuar”, agregó.
“De esta manera, las cooperativas van a tener costos de intereses, administrativos”. Para Larocca, lo correcto hubiese sido que el municipio otorgue “un subsidio reintegrable sin interés y con disposiciones de que el mismo sea recuperado por parte del municipio”.
Una sorpresiva aparición
Finalizada la sesión, una treintena de cooperativistas apareció de improviso en el recinto, que se encontraba semivacío, y la mayoría de los concejales tuvieron que volver. Los cooperativistas, convocados por el préstamo a las 13 cooperativas –operatoria de la cual fueron excluidos- no solo criticaron el empréstito sino que fueron más allá.
Las críticas contra el sistema que implementó el municipio, consistente en administrar directamente los fondos, fue la objeción que se escuchó con mayor insistencia. Pero además pusieron en el ojo de la tormenta al titular de la Unidad Operativa de Viviendas, Daniel Vilchez, y el equipo que lo acompaña. Las quejas contra Vilchez y sus subordinados van desde el atraso en los materiales hasta la falta de transparencia al momento de efectuar las compras.
José María González, titular de una cooperativa, indicó a la salida del encuentro que los cooperativistas le solicitaron a los concejales que se introduzca en la Unidad Operativa del municipio un auditor de confianza.
“Nosotros sabemos que la gente que está trabajando en la Unidad Operativa de Viviendas está trabajando mal. Necesitamos que el intendente ponga gente capaz. Porque nunca se hizo certificaciones en obras, nunca se presentó una planilla a los presidentes de las certificaciones, nunca se presentó una factura de compra, seguimos con las irregularidades del principio”, dijo González.
“Queremos que para la parte administrativa haya un contador y que para la parte tècnica haya un ingeniero o un arquitecto. El que está encargado de todo es Daniel Vilchez, que es maestro mayor de obras. El podrá tener toda la buena voluntad para solucionar todo pero no tiene la capacidad”, agregó.
Juan Trinidad, presidente de una cooperativa, expresó: “esto no ha cambiado nada. Vuelvo a responsabilizar al intendente Juan C. Cresto y ahora más que nunca, han comprobado que no están capacitados para administrar y lo siguen haciendo”.
“Acá no se respeta el convenio firmado con la Nación. Las compras no la está haciendo las cooperativas, no manejamos nada, somos figuritas”, dijo González. Los cooperativistas quedaron de entregarle un escrito con las propuestas plasmadas en un papel. Los concejales acompañarán el pedido de remoción de los funcionarios de la Unidad de Viviendas. Pero hay un límite en el acompañamiento, que lo trazó Fonseca (dejando en claro cual es el papel del Concejo Deliberante en la actual gestión): “si el intendente dice que no, es no”.