Si hay acuerdo con la oposición, se trataría sobre tablas en la sesión de mañana; si no, quedaría para el 3 de diciembre, en el plazo de prórroga de las sesiones ordinarias dispuesto por el Poder Ejecutivo. Pero es seguro que será ley antes de fin de año.
La iniciativa fue presentada por el senador Aníbal Fernández en diciembre del año pasado, como reacción ante los acuartelamientos policiales que posibilitaron episodios de saqueos en varias provincias, con 14 víctimas fatales.
La Presidenta había incluido el proyecto en la agenda de las sesiones extraordinarias del año pasado. Finalmente, su tratamiento se pospuso.
El proyecto que se tratará hoy en la Comisión de Legislación Penal propone que se apliquen ocho años de prisión a los efectivos de seguridad en los casos en que, como consecuencia del abandono de su puesto, se produjeran daños, lesiones o muertes. Justo lo que pasó a fines del año pasado.
Pena de prisión
La iniciativa introduce modificaciones al artículo 252 del Código Penal, que contempla castigos para los funcionarios públicos que abandonen sus tareas y para los militares que deserten en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe.
La propuesta de Aníbal Fernández agrega dos párrafos destinados a los miembros de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales. "El que a sabiendas -dice el texto- abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de su función será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena."
En el párrafo siguiente se establece que si, como consecuencia de esos actos, "se produjeran daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos".
La diputada kirchnerista Diana Conti, vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, explicó que el castigo propuesto para los efectivos de fuerzas de seguridad es un intermedio entre las penas previstas para los funcionarios y las contempladas para los militares. "Es clave tipificar estas conductas porque la policía tiene el monopolio de la fuerza pública, por lo que sus acciones pueden generar mayor desprotección de la ciudadanía", dijo la diputada, según consigna La Nación.
