La interventora habría encontrado una serie de mails con convocatorias a reuniones de “coordinación de justicia” en la secretaría privada de la dirección general de la AFI. Los correos, que serían entre 18 y 20, se iniciaban el 15 de noviembre de 2017 y seguirían, al menos, hasta el 28 de enero de 2019.
Para cuando se inicia la saga de mails, la mesa judicial del macrismo ya había ganado la batalla más importante en la Justicia: había logrado la renuncia de la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó. También para entonces ya estaba en plena vigencia la doctrina Irurzun con la concreción de la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
La mayoría de los correos salía desde una casilla de Gmail y quien convocaba era Marcos Peña. Hasta ahora no se sabía que Peña interviniera en esas reuniones, que algunos creían que eran llamadas por José Torello, jefe de asesores del entonces presidente, o por Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica.
“No esperaba que Peña fuera una especie de coordinador de la mesa”, dijo el diputado Rodolfo Tailhade, integrante de la Bicameral, al ser consultado sobre el hallazgo en el programa Navarro 2023. “Pero no tenemos ninguna duda de la existencia de este ámbito, prácticamente clandestino, donde se decidía quién iba preso y quién no”, agregó.
Los correos iban a distintas casillas. Entre otras, las de Arribas en la AFI, desde donde se reconstruyeron estas reuniones. Entre los destinatarios estaban Torello, Clusellas y el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. Habría, al menos, ocho participantes de esas reuniones y, en general, los correos recibían las confirmaciones de las secretarias de cada uno de los funcionarios, lo que da cuenta de la institucionalización de la mesa.
Uno de los correos, por ejemplo, que fue enviado por una funcionaria de nombre Soledad Antúnez, anunciaba que en la próxima reunión participaría el presidente, con lo que queda claro que no podía desconocer las estrategias de sus funcionarios. En los últimos días también se conoció que dos de los agentes de la AFI pasaban largas horas en la Casa Rosada, donde supuestamente eran recibidos por una funcionaria de su máxima confianza, Susana Martinengo.
Otra comunicación, por ejemplo, avisaba que una reunión se suspendía porque Arribas y Torello estaban de viaje. El mail también informaba que, aunque para la otra semana Torello seguiría ausente, iba a concretarse el encuentro porque el jefe de la AFI ya estaría de regreso. Los correos muestran que Arribas era parte fundamental de ese entramado. Además, hacia el interior de la agencia, Arribas y su número dos, Silvia Majdalani, habían hecho una división de tareas. Por un lado, Arribas se ocupaba de Finanzas y Jurídicos; por otro, Majdalani se encargaba de Operaciones, el área que estaba quedando al descubierto con la investigación de Lomas y con las declaraciones frente a la Bicameral del ex agente Leandro Araque (actualmente en la Policía de la Ciudad) y que probablemente se complementará esta tarde, cuando se presente Melo.
El fiscal federal Ramiro González está investigando el rol de la llamada mesa judicial del macrismo en una causa que se originó después de que la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa denunciara haber sido víctima de presiones de un alto funcionario del Ministerio de Justicia durante la presidencia de Macri. Hace días, la jueza Figueroa precisó que se refería a Juan Bautista Mahiques, por entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y actualmente fiscal general de la Ciudad.
