Lijo, que detectó que SUMA recibió donaciones por 4 millones de pesos, requirió “con carácter de urgente” a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos relativos “a la actividad financiera” de la fundación, a fin de constatar si se vio involucrada en “operaciones de lavado de dinero”, y ordenó el levantamiento del secreto bancario sobre la fundación.
Las medidas de prueba tienen origen en las propias declaraciones de Michetti, quien aseguró que una parte del dinero que le fue robado, unos 200 mil pesos, pertenecían a “donaciones” para su fundación. A partir de esa explicación, SUMA pasó a ser uno de los focos de la causa: según la ampliación de la denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, la sospecha es que la fundación de Michetti –así como las de varios funcionarios del PRO– funcionan como una pantalla recaudadora de fondos para las campañas electorales.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a respaldar a Michetti: “Es un ejemplo de transparencia”, dijo. “No creemos que haya irregularidades. Pudo haber sido un malentendido”, argumentó.
A pesar de las desmentidas oficiales, Lijo siguió dictando medidas de prueba, y solicitó ayer al Banco Central que requiera informes a bancos y financieras para que, en el plazo de diez días, informen si SUMA “registra cuentas, operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física”. Además, pidió saber si la fundación registró haber contratado servicios de algún tipo. Hasta ahora, la fundación ni siquiera pudo comprobar que tenía empleados en blanco.
