“Apama es uno de los principales responsables de esta situación”, dijo Giampaolo

Es la segunda reunión que se realiza en el Concejo dado que la primera congregó a los intendentes de las juntas de Gobierno de Colonia Ayuí, La Criolla y Puerto Yerúa. “Nosotros a Apama la hemos citado ya a dos reuniones y no se han presentado. Argumentan cuestiones de tiempo y de agenda. Nosotros no podemos en esta materia citar de una semana para la otra porque las denuncias arrecian”, señaló Giampaolo. Además sostuvo que vienen trabajadores al Concejo solicitando pasajes para poder volver a sus hogares. Provienen de Misiones, Chaco, Corrientes y Santa Fe. “Vienen solicitando una pequeña ayuda económica, tanto a la secretaría de Salud como acá porque la cooperativa que los contrató los deja absolutamente a la deriva”, indicó.
“Lamentablemente la conclusión es el grado superlativo de responsabilidad que tienen las empresas propietarias y los propietarios de las tierras”, dijo Giampaolo. “La responsabilidad madre la tienen los propietarios de cada una de estas producciones”, señaló.
Si bien también apuntó a los propietarios de las cooperativas de trabajo y a los inspectores que no realizan su trabajo, centró las críticas en los propietarios. “El responsable madre que permite que ingresen colectivos en muy deficiente estado o que ingresen menores y duerman en carpas en sus campos son los propietarios”, dijo.
El Concejo tiene pensado avanzar en dos direcciones. Una de corto plazo: acompañar en las inspecciones que se van a seguir realizando a las quintas. Además la emisión de un documento público donde se va a denunciar los abusos. En el largo plazo, adelantó que se contactarán con el secretario de Trabajo, Aníbal Brugna, y con diputados y senadores provinciales para colaborar en una normativa provincial que regule los emprendimientos arandaneros.
“Esta gente está jugando con menores de edad y con la salud futura de esos menores”, dijo el edil. El riesgo radica en que, cuando sean adultos, se presentan a una evaluación para realizar un examen prelaboral y les salga negativo porque cuando eran menores levantaban cajones o hacían esfuerzo impropio para la edad que provocan problemas cervicales. Además, las condiciones de transporte son irregulares: en camiones o colectivos sin habilitación para circular.
Al mismo tiempo, Giampaolo aclaró que, por imperativo del art. 30º de la ley de contrato de trabajo, los propietarios de las producciones son responsables sin importar que apelen al sistema de pseudo-cooperativas. “Los contratan con sueldos magros sino que les generan un sistema de provisión de mercaderías y de viviendas que es inhumano y carísimo”, señaló.
“Lo que les pagan no les alcanza ni siquiera para comer”, dijo. Un ejemplo fue lo que le sucedió a un jornalero que no alcanzó a producir lo estipulado diariamente. “Como había dormido y comido, debía el trabajador plata en vez de él tener que cobrar porque era tan caro el pseudo servicio que le prestaban de alimentos y de vivienda que superaba lo que había producido. Es una burla total”, indicó Giampaolo. El trabajador se volvió a su provincia luego de obtener un pasaje del Concejo.

Menores escondidos en el monte

“Se habló sobre la presencia de menores y también sobre el trabajo en negro”, indicó Rougier. Además, indicó que junto con los representantes de las instituciones que se dieron cita están trabajando para sancionar una normativa para “parar este flagelo”.
Si bien admitió que existe normativa que prohíbe el trabajo infantil, dijo que querían ver la forma de evitar que se escapen los menores. “Por medio de las inspecciones, constatamos a los menores, pero queremos ver la forma de prevenir”, indicó.
Hasta el momento, desde el Consejo realizaron 12 actas pero anteayer, cuando realizaron la última inspección, se escaparon entre siete y ocho chicos. “Por más apoyo que tengamos de la Policía, se nos escapan corriendo al monte y es imposible constatar la cantidad que hay”, señaló Rougier.
“Son chicos traídos de 1000, 1300 km. por ejemplo de Santiago del Estero. Entonces no pueden reclamar los padres ni ningún abogado porque no pueden venir de Santiago. Viene dos meses y después los mandan para allá, algunas veces ni les pagan y queda en la nada”, dijo el titular del Consejo. “Vamos a hablar con el secretario de Trabajo, Aníbal Brugna, para apuntar al productor y a las empresas contratistas”, agregó.

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