Ya a mediados del año pasado, el STJ había remitido un oficio a todos los magistrados y funcionarios de la provincia, así como al Ministerio Público Fiscal encargado del control de morosidad, recomendando que en la medida de sus posibilidades y competencias, ejercieran “una actividad constante”. Pero ante la reiteración de este tipo de episodios, el máximo tribunal entrerriano debió insistir y hasta advertir, acerca de las medidas que puede llegar a adoptar, a fin de cumplir con su cometido de controlar cierto tipo de morosidad observada en varios organismos judiciales, cuando sus titulares se acogen al beneficio jubilatorio.
En tanto, los Poderes legislativo y ejecutivo tomaron conocimiento primigenio de esta situación, en junio del año pasado, cuando el STJ les remitió la inquietud de un magistrado de la ciudad de Concordia de que se dicte “una normativa que contemple que ante la jubilación de un Magistrado se condicione su cese, a la culminación de las tareas pendientes o, en caso concreto, hasta que presente su despacho sin atraso” . Pero si bien hasta el momento, no ha habido novedades a ese respecto, por parte de los poderes políticos, el máximo tribunal entrerriano no descarta, como se dijo, continuar con su gestión.
