Desde el CAER entienden que asegurar la tutela judicial continua y efectiva, así como el acceso irrestricto a la justicia, según marca el art. 65 Constitución de Entre Ríos, son principios fundamentales de nuestra sociedad democrática y constitucional.
La preocupación de todos los matriculados de la provincia surge a partir del Plenario de AJER realizado el viernes pasado, en el que se decidió profundizar las medidas de acción directa estableciendo, para lo que queda del mes de abril, retenciones de servicios y dos jornadas de paro total, con quite de colaboración
Los principios de acceso a la justicia y la tutela se llevan a la práctica a través de la petición de justicia que realizan las personas ante los jueces (art. 65 Constitución de Entre Ríos, el art. 18 de la Constitución Nacional y los arts. 25 y 81 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos. (CADH), como también que los actos y decisiones judiciales deben realizarse en tiempo razonable, sin retardos ni dilaciones indebidas, tal como lo marca el art. 65, 2° párrafo, de la constitución provincial.
Desde el Colegio de la Abogacía remarcan que estas medidas sin dudas afectarán el normal servicio de justicia en la provincia. En el marco de la actual situación económica y sanitaria, las autoridades del CAER reconocen que los trabajadores judiciales han visto congelados sus salarios desde hace más de un año, comprendiendo que el ejercicio del derecho de huelga por garantía de justa distribución es un derecho de constitucional, pero sin omitir la defensa del derecho a trabajar de las abogadas y los abogados entrerrianos, ni de los ciudadanos de acceder a la justicia para peticionar la tutela de sus derechos, que también son garantías constitucionales de igual rango.
Por otro lado, y en relación a la publicación de AJER, el CAER acompaña y hace propia la petición de proscribir la violencia laboral en los tribunales provinciales que ha realizado AJER. Las autoridades deben extremar la prevención de tales conductas que no solo hace a la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores judiciales, sino también a todo el servicio de justicia entrerriano.
