El delegado de la ONU -que reside en Santiago de Chile- ya mantuvo reuniones con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quienes recibieron de parte de la familia Maldonado el pedido de que el Estado "garantice una investigación independiente" con la cooperación y asistencia técnica del organismo regional de la ONU y la participación de expertos independientes.
Esta semana, la oficina de la Acnudh expresó su preocupación por la "falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo" y pidió a las autoridades "realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas".
"La Convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos. En especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública", afirmó Incalcaterra en un comunicado de prensa, en referencia a la eventual participación de la Gendarmería en el hecho investigado.
El 7 de agosto, el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado argentino tomar "todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscar y localizar" a Maldonado.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos del joven y reclamó al Gobierno otorgar información sobre las acciones adoptadas a fin de "investigar los presuntos hechos ocurridos".
Esta semana, también Aministía Internacional reclamó al Estado argentino la conformación de ese grupo de expertos que contribuyan a esclarecer la desaparición del joven.
