Rodríguez envió una misiva a la Fiscalía, donde advierte sobre la hipotética posibilidad de desabastecimiento en la cadena de comercialización de productos alimenticios que podrían ocasionar los piquetes del sector agropecuario. Apuntó principalmente a los cortes de rutas nacionales que paralizaron la actividad comercial y afectaron la provisión alimentaria de los comedores y del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
En otro párrafo se argumenta que la Constitución Nacional, las Declaraciones de Derechos Humanos y las Convenciones Internacionales suscriptas por la República Argentina “han establecido como premisa superior que es un deber indelegable del Estado garantizar el Derecho a la alimentación de toda la ciudadanía, como una condición de la calidad de vida”.
También se señala que la aplicación de la Ley Nº 26.061 (protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes) es de carácter obligatorio al considerar que el interés superior de los niños prevalece cuándo existe un conflicto de intereses entre sus derechos y los derechos de terceros. “Es decir que frente al reclamo de derechos de los sectores involucrados en el conflicto actual tiene un interés superior y prevalecen los derechos de los niños, adolescentes y ancianos”, dice la nota.
En la provincia funcionan diversos programas destinados a las personas en situación de pobreza o de riesgo nutricional: comedores escolares, comedores comunitarios, comedores de ancianos, beneficiarios de la Copa de leche reforzada y asistencia directa a través de los programas PRAF Y PAF y prestación alimentaria a celíacos.
