En el comunicado enviado a DIARIOJUNIO señalan :
“Cuando hace exactamente 20 días el único civil imputado en la causa denominada Hospital Militar fue procesado por supresión de identidad y ocultamiento de menores, porque en su condición de jefe de terapia intensiva de dicho nosocomio de Paraná habría recibido a los mellizos que Raquel Negro dio a luz allí, entre marzo y abril de 1978; desde los organismos de Derechos Humanos celebramos la decisión de la jueza federal Myriam Galizzi, fundamentalmente por enviarlo a cárcel común, sin privilegios de prisión domiciliaria.
Pero hoy ante lo sucedido, reafirmando aún mas lo que los organismos hemos pedido en estos años que es que los responsables de delitos de lesa humanidad y en este caso en particular de robo de bebés vayan a cárceles comunes, queremos manifestar que en esos casos deben maximizarse los esfuerzos para garantizar la custodia de quien puede saber dónde y con quienes se encuentran los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ambos desaparecidos, y hermanos de Sebastián Álvarez; amen de investigarse de forma exhaustiva los hechos relacionados con el supuesto intento de suicidio.
Ya tuvimos a principios de año la lamentable muerte del represor Héctor Febres, bajo custodia de sus camaradas de prefectura, quien era el encargado de comprarles la ropita a los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en la ESMA, y que aún se investiga. Y más cercano y llamativo incluso es el suicidio de Paul Alberto Navone, citado en esta causa, cuando fue llamado a indagatoria.
Los delitos por los cuales se encuentran procesados el médico paranaense y los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri continúan hoy cometiéndose, en todos los casos, esos chicos, hoy adultos no saben quienes son, quienes fueron sus padres, su verdadero nombre y que en muchos casos sus hermanos los buscan en cada paso. Ellos saben donde están, con quienes…
Por Memoria, Verdad y Justicia.
