Los miembros de la comisión, entre los cuales estuvieron presentes los diputados Fabián Flores, María Emma Bargagna, Rosario Romero y Martín Uranga, consideraron el encuentro como “altamente satisfactorio”. Se estaría considerando el proyecto definitivo en la próxima reunión de comisión de Legislación General que preside la diputada Laura Stratta”.
Se trata de una iniciativa que faculta a quienes sean ejecutados por deudas hipotecarias donde la garantía del crédito sea su vivienda familiar y permanente, a solicitar al juez la iniciación de un procedimiento por el cual el magistrado ordene realizar por asistente social un informe socioambiental y laboral. “Es como si fuera una foto del deudor y su familia, es decir, de los ingresos, su estado de salud y laboral”, agregó la fuente.
Una vez que el juez tiene ese informe, “convoca a las dos partes para determinar la deuda total del juicio, que se puede hacer de común acuerdo entre las partes, pero si no se ponen de acuerdo lo realiza el juez de oficio y justifica ese cálculo en las normas vigentes”.
El segundo punto es que, una vez calculada la deuda, nuevamente se convoca a las partes para que traten de conciliar sobre la forma de pago, en la que pueden existir infinidad de posibilidades. “Si no hay acuerdo, el juez debe definir la forma de pago, tomando como base el estudio socioambiental, y debe fijar una cuota que equivalga al 25 por ciento de los ingresos de ese deudor y su grupo, y no más”.
Si en la familia del deudor hubiera una situación grave de salud, el importe deberá ser equivalente entre un 15 y 20 por ciento.
El Derecho a una Vivienda digna, es un derecho de raigambre constitucional, y se encuentra reconocido positivamente por nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis y el artículo 75 inciso 22, a través de los Pactos y Tratados internacionales con jerarquía constitucional, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
