Del encuentro participaron integrantes de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen), entidad que presentó una medida cautelar en Concordia que fue considerada por la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de esa ciudad al hacer lugar a esa presentación. En consecuencia, la disposición judicial ordenó a la distribuidora de energía local mantener el servicio a quienes no abonen la boleta, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Gabriel Vargas y Raúl Muñoz, presidente y asesor legal respectivamente de la asociación, explicaron que a través de la medida cautelar – y en una primera instancia- se objetó la falta de información previa a los usuarios sobre la aplicación de la suba.
En tanto, las abogadas Sandra López y Mariela Panceri, integrantes del Centro de Orientación, Defensa y Educación al Consumidor (Codec), compartieron el análisis y la preocupación ante el tenor de los aumentos y expresaron la voluntad de trabajar en el tema con el fin de que la electricidad sea considerada un servicio público, y como tal sea accesible para los usuarios. La Defensoría presentó en 2016 junto al Codec una acción de amparo en la Justicia Federal local por los aumentos de la tarifa del gas natural.
En el encuentro se evaluaron casos de ciudadanos agobiados por el incremento, la función del Ente Regulador de la Energía (EPRE) en su rol de organismo creado para representar y defender a los usuarios, y las posibles alternativas a seguir en base a acciones y trabajos en conjunto, entre las asociaciones y el Estado a través de la Defensoría del Pueblo.
Un aspecto que se abordó especialmente fue la incidencia de la carga impositiva en las boletas: más de la mitad del monto final corresponde a estos ítems. Al respecto, desde la Defensoría se viene señalando la necesidad de revisar la composición y peso de los tributos de índole nacional, provincial y municipal en el costo del servicio que deben afrontar los usuarios.
La situación generada a partir de la llegada de las boletas fue abordada el lunes en una reunión organizada por la Asociación de Comunidades Vecinalistas, encuentro al que fue convocado el Defensor Luis Garay y funcionarios del Epre.
