“Es una denuncia del kirchnerismo”, contestó Vidal cuando el pasado jueves –durante una conferencia en la localidad bonaerense de General Villegas– le preguntaron sobre el escándalo de los falsos aportantes a la campaña electoral de Cambiemos, obligándola a romper un silencio absoluto de más de 20 días. La gobernadora también aprovechó para correr el eje de la discusión: “Lo más importante es que la ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas y deficiencias”, aseveró, demostrando su destreza en el arte de la elusión. También hizo alarde de su buena disposición para “presentar todos los papeles ante la Justicia”, algo que de cualquier manera está obligada a realizar: sobre ella pesan tres causas penales.
Una de esas causas se inició con la denuncia penal de la senadora García que, según anunció ayer, la ratificará y ampliará. La presentación apunta directamente a Vidal en tanto presidenta del PRO y al resto de las autoridades de la fuerza política a nivel provincial por los delitos de lavado de activos, usurpación de identidad, falsificación de documentos, y violación de secretos y de la privacidad. “La respuesta de la Gobernadora es grave, porque dice que la denuncia la hizo el kirchnerismo. ¿Tenemos que explicarle a Vidal que por la gravedad de los hechos descubiertos cualquier persona con responsabilidad tenía que haber hecho la denuncia?”, cuestionó García durante una entrevista televisiva. Además, la legisladora refutó las críticas que Vidal hizo sobre la ley de financiamiento de partidos políticos: “La ley es muy clara y dice que los aportes que reciba una agrupación política deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante. También señala como responsables al presidente y tesorero del partido”, retrucó.
En paralelo, el diputado Tailhade –en base la investigación de El Destape– solicitó en los tribunales de Comodoro Py la reapertura de la investigación por tráfico de datos contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña; las autoridades de la Anses, Emilio Basavilbaso y Federico Braun, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, cerrada por Lijo, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, en 2016. Además, pidió al juez Casanello que investigue “si efectivamente la información utilizada para obtener falsos aportantes tuvo su origen en la base de datos de la Anses, y se indague respecto de la participación criminal” de los funcionarios. “Existen elementos suficientes para presumir que la base de datos de la Anses fue utilizada fraudulentamente con el objeto de obtener información detallada y actualizada de ciudadanos argentinos, convirtiéndolos posteriormente en aportantes de campaña”, aseguró el legislador.
