La Coordinadora explicó que objetó cada prueba presentada por el gobierno “por irrelevante, parcial y desactualizada (estudios de hace 10 años atrás ya superados) debido a que sus fundamentos no aportan evidencia de rigor científico que acrediten la inocuidad de los productos usados en el campo entrerriano como tampoco la inexistencia de riesgo en salud”. Al respecto opinó que “jamás pudieron probar que al reducir las distancias de pulverizaciones no se daña la salud humana”.
Habló de la “la gravedad institucional con la que juegan tanto el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, como la respuesta dada por el procurador general Jorge García en la cual avaló la constitucionalidad del decreto, sin analizar los daños en salud acreditados en el expediente y con la sola preocupación de que no sean violados los derechos del grupo de productores”.
En este punto sostuvo que “el procurador general tiene la función fundamental de defender al Estado en su integralidad; debe velar porque no se vulneren los derechos fundamentales de la comunidad entrerriana, y eso involucra en primer lugar el derecho a la vida y la salud, con mayor fuerza a los grupos más vulnerables como son nuestros niños y niñas; toda función que desconozca estos pilares podrá ser catalogada como una falta grave al debido ejercicio de la función pública”.
Para reforzar su posición, la Coordinadora cita el artículo 1 de la Ley orgánica del Ministerio Público que establece que “el Ministerio Público tendrá independencia orgánica, funcional y tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.
Respecto a la sugerencia del procurador al juez de la Cámara Civil y Comercial, Andrés Galanti, de citar en calidad de prueba de terceros no admitidos al proceso cuyos intereses podrían verse afectados, es decir los productores, el grupo ambientalista opinó: “Si el Dr. Galanti decide convocar a terceros, debiera ser para discutir lo que se trata en este reclamo judicial. En este proceso no se ventilan temas de daños y perjuicios económicos a productores”. E interroga “¿Desde cuándo las víctimas deben hacerse responsable de la productividad de una actividad que los perjudica? ¿Por qué el Estado entrerriano asume esa defensa parcial?”
“Se discute, nada más y nada menos, que la salud de la comunidad entrerriana y de las generaciones venideras. En este sentido, hemos propuesto como parte de la prueba la citación de un comité científico a los fines de poder seguir aportando evidencia científica sin conflictos de interés a la causa”, agregó.
En otro tramo del comunicado, cuestionó que “tanto el Fiscal de Estado como el procurador general se esmeran en proteger solamente los intereses de los grupos concentrados cuando debieran defendernos a todos”.
Finalmente exigen al gobernador Bordet que “impulse, de manera urgente, una política pública que involucre los intereses genuinos de la sociedad en su conjunto. En vez de los decretos contra la salud, financie y promueva como política pública el Foro de agroecología provincial para acompañar la transición productiva que nuestra provincia necesita y merece.
