Además se manifestó que, a pocas horas de votar en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, las organizaciones no gubernamentales, en su gran mayoría Asambleas Ambientales y Foros contra el fracking de todas las provincias no han sido consultadas, a pesar de que hace tiempo vienen trabajando, investigando e informando acerca del “perjuicio y las nefastas consecuencias ambientales que acarrean ciertos tipos de explotación, ya sean mineras o petroleras”.
Asimismo demandaron “que se den a conocer los contratos de inversión con las multinacionales extractivistas aún con cláusulas secretas, como así las leyes de inversiones extranjeras en las que se enmarcan y cuya divulgación posibilitaría interpretar, y/o comprender cómo se legaliza y pretende legitimarse un negociado que sólo favorece a los capitales extranjeros y crea por ley ‘nuevos estados’ dentro de nuestros territorios, mientras tanto los verdaderos afectados somos los ciudadanos que exponemos y perdemos el cuerpo, el agua, la tierra y la vida motivo por el cual exigimos hagan públicos dichos contratos de inversión”.
De la misma forma, exponen lo actuado por el juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en oportunidad que asambleístas manifestaban ante el paso de camiones que transportaban equipos sísmicos para investigación, y que fueran reprimidos por Gendarmería Nacional en la Ruta A015 el 3 de agosto e imputados por la Justicia. “Considerando el tiempo transcurrido y los errores administrativos –de procedimientos- por parte del juez Pablo Andrés Seró, nos autorizamos a calificar desde este ámbito ‘el juicio como falso y al tribunal como inicuo’, de modo que exigimos se declaren nuestros cinco militantes ambientales libres de culpa y cargos”.
Más adelante, indicaron que están respaldados por nuevos derechos y garantías, fundamentalmente el art. 41 referido al “derecho de los habitantes y las generaciones futuras a un ambiente sano” y la obligación de las autoridades de proveer la protección de este derecho y la utilización “racional” de los recursos naturales y la preservación del patrimonio natural y cultural. También se establece en este artículo que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
‘Por todo lo expresado en los puntos anteriores, es imperioso e imprescindible que se nos escuche y en todo caso se provea la generación de mecanismos que habiliten una praxis política, como sería instituir canales de participación que posibiliten la información, discusión y constitución de licencia social o no para la implementación de proyectos y /o políticas que directa o indirectamente nos involucran, a los efectos de mejorar una imperfecta democracia representativa a través de canales de participación y deliberación popular”, se señala en el último párrafo.
Firmaron las asambleas ambientales ciudadanas de Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Chajarí, Entre Ríos Libre de Fracking, San Salvador; Gladys Do Nascimento, Comunidad Charrúa y Tirso Fiorotto, periodista disertante en el foro y miembro de J.A.P.L (Junta Americana por Los Pueblos Libres).
