En ese sentido, indicaron que el actual sistema de producción “envenena el ambiente, causa enfermedades y muerte”. Y eso está fundamentado en numerosos trabajos científicos, entre ellos, los campamentos sanitarios de la UNR realizados en Entre Ríos.
Además, indicaron que el artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene el derecho a un ambiente sano. Y existe diversa legislación ambiental que establece, ante situaciones como la presente, la aplicación del principio precautorio fundamentado en que no hay mejor reparación de un perjuicio que su propia evitación.
Sin embargo, manifestaron que les provoca dudas y suspicacias tantas idas y vueltas acerca del tema. “¿Por qué de pronto el problema queda en manos de cinco miembros del STJER y éstos emiten – por unanimidad – un fallo que desconoce lo que antes había quedado claro?”, se preguntaron.
“¿Cómo interpretar el hecho que, previamente a estos acontecimientos, emerge una oportuna reforma (¿a medida?) de la Ley de Procedimientos Constitucionales que reguló la figura del amparo y se modificó la composición del alto cuerpo (STJ) al momento de emitir resoluciones en cuestiones de amparo ambiental?”, cuestionaron.
“Cabe aclarar que hasta el momento de esa modificación las resoluciones eran tomadas por la Sala de Procedimientos Constitucionales y ahora lo hacen cinco miembros del STJER resultado de un sorteo de todo el Tribunal del que algunos miembros fueron excusados y recusados”, manifestaron.
“Ante tantas dudas y ¿anormalidades? decimos, como ciudadanos con derechos y obligaciones a cumplir, exigimos a las autoridades erigidas en representación del pueblo entrerriano los fundamentos en que se sostienen estas decisiones que omiten considerar y priorizar la salud de los habitantes”, indicaron. Por último, afirmaron: “no estaríamos en nuestro sano juicio si no entendiéramos que la vida de todos está en juego”.
