En cuanto a la vía judicial, la idea de los ambientalistas es que en forma conjunta con la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, se interponga una acción de amparo o medida cautelar para que no sólo el Estado uruguayo sino también el argentino cumplan con lo establecido en el Tratado del Río Uruguay.
En este sentido, Alejandro Gahan, integrante de la Asamblea de Gualeguaychú, adelantó a El Diario que “esta semana tenemos que reunirnos con la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, para coordinar qué tipo de acciones legales se presentarán. Lo que queremos es que el Estado argentino sea quien se ponga a la cabeza de los reclamos”
Por otro lado se van a ejercer recursos de amparos individuales desde la ONG, el Municipio, el Gobierno provincial y nacional, que serían elevados al Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
