“Se equivocan los miembros de la Asociación Forestal Argentina, Jorge Scarpa y Nicolás Carusoni, si consideran que una ley sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Provincia –donde están representadas las más importantes fuerzas políticas entrerrianas– puede considerarse como una acción demagógica y mucho menos atribuir al gobernador ser cómplice de ésta”, afirmó el funcionario.
Más adelante sostuvo que “la AFOA no ha valorado fehacientemente que el conflicto de las pasteras dejó de ser una cuestión exclusivamente de Gualeguaychú para ser un problema asumido por el gobierno provincial y haberse adoptado como una causa nacional”.
Según el funcionario, las causas nacionales “necesitan del encolumnamiento de todos los sectores de la sociedad argentina” y de “la generosidad y solidaridad de aquellos que tienen diferencias o que son parcialmente perjudicados, pero que como compatriotas deben acompañarla”.
En otro tramo de sus declaraciones, dijo que “parece al menos imprudente que prejuzguen de inconstitucional una ley que sólo pretende que las plantaciones entrerrianas no abastezcan una planta finlandesa afincada sobre un río compartido, que va a contaminar una amplia zona de nuestro territorio”.
Finalmente, remarcó que “es clara la posición del gobierno entrerriano de defender la cadena de valor de la madera”, partiendo de un mejoramiento de la calidad de las plantaciones a través de la poda, el raleo y la tecnificación de los 300 aserraderos, el acompañamiento a las empresas exportadoras de tableros y aglutinados afincadas en la provincia, así como el sostenimiento de los subsidios a las plantaciones previstos en la ley de promoción de bosques cultivados y los beneficios impositivos establecidos por las normas complementarias.
