“Desde el año pasado venimos haciendo esta auditoría y dispusimos 800 bajas de personas que habían fallecido en toda la provincia”, dijo el presidente de la Caja, Daniel Elías a Uno. El funcionario aseguró que durante 2004 se mantuvo actualizado el padrón y actualmente las exclusiones rondan las 60 por mes en promedio, sobre un total de 15 mil beneficiarias.
El gobierno reeditó un convenio con el Registro Civil destinado a informar de los fallecimientos, que se encontraba caído desde el inicio de la gestión de Sergio Montiel, lo que –según Elías– permite ahora mantener una actualización que evita el pago a personas inexistentes.
“Notamos que durante 1999 y 2003 las bajas fueron muy irregulares, hubo periodos de tres o cuatro meses sin bajas y luego, en un mes, se producían más de 100”.
Ahora las investigaciones apuntan a detectar qué porcentaje de las 800 desafectaciones se siguieron pagando. “Es un trabajo de hormigas poder determinarlo, pero ya verificamos algunos casos que fueron cobrados y se permitió el cobro porque había apoderados”, dijo el funcionario.
La Caja salió entonces a buscar a esos apoderados, quienes están autorizados a retirar el haber en nombre de la beneficiaria; ya que, lógicamente, continuar cobro luego del fallecimiento de ésta constituye una ilegalidad. “A algunos los individualizamos pero no podemos localizarlos porque no hay registro de sus domicilios”, indicó.
Por otra parte, algunas remuneraciones se siguieron liquidando por errores que la Caja atribuye al agente financiero. “En una cantidad importante de casos, el dinero se siguió enviando al banco (por el Bersa) durante varios meses después de los fallecimientos. Nadie lo cobraba, pero como para la Caja esas personas seguían viviendo, el haber se continuaba depositando”. Según Elías, aquí “el banco flexibilizó o se distrajo en el control de los certificados de supervivencia”.
Hasta ahora sólo se corroboró un puñado de sucesos de cobro en nombre de amas de casa muertas, pero la auditoría en este sentido alcanza nada más que al 10% de las 800 bajas dispuestas.
El Régimen de Amas de Casa también es objeto de investigación por beneficios que no se sabe si fueron bien otorgados. “Estamos auditando el sistema, porque descubrimos que algunos expedientes han desaparecido, y promovimos una instrucción sumaria para ver dónde están y así saber cómo se generó el beneficio”.
