Según explicó el abogado, hay un acuerdo entre la defensa y la fiscalía. Por lo que en el pedido de juicio abreviado, teniendo en cuenta que no hay contradicción entre las partes, se propone una mediación donde el juez debe expedirse dictando una sentencia. Una vez que se lleve a cabo la misma, para la cual no hay plazos de realizacion, el magistrado tendrá que resolver.
La denuncia por su enriquecimiento fue realizada por la revista Análisis de Paraná en marzo de 2012 y a partir de allí se le abrió una causa. Lambruschini explicó que desde el portal de noticias accedieron al pedido de juicio abreviado.
“El informe del enriquecimiento ilícito, según el escrito final del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, dejó establecido que el ex diputado tuvo un crecimiento patrimonial sin justificar de 1.069.841 dólares. Por ello fue que se acordó el decomiso de bienes inmuebles, cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado. Por ende, se dispuso el decomiso del inmueble de calle Laprida 152 de Paraná, de más de 340 metros cuadrados y valuado en 378.289 dólares y, a la vez, de su mansión de cuatro pisos en calle Juan José Castelli 10, de 199 metros cuadrados, valuado en 726.922 dólares. O sea que la suma es de 1.105.211 dólares”.
“A la vez, se le impuso una multa de 3 millones de pesos, que sería el equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, en pesos. Y se impone una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.
“Además, se estableció, como norma de conducta por el plazo de dos años: ‘la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos y/o perturbadores a las víctimas y sus grupos familiares, por sí o por interpósita persona’; ‘realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión’ que se determine desde la justicia; ‘la prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento violento’”.
“El decomiso de los bienes es en favor del Estado provincial. Y en el acuerdo quedó establecido que, a entender del Ministerio Público Fiscal ‘se entiende oportuno asignar el inmueble a decomisar, de calle Castelli 10, para la sede del Consejo de la Magistratura, que carece de lugar propio’. Y que el inmueble de calle Laprida ‘sea asignado al Poder Judicial, con destino a la Unidad Fiscal de Género de Paraná’”.
