En todos los casos, el objetivo de los operativos era cumplir con las "órdenes de presentación" de documentación. El juez buscó hacerse de resoluciones, licitaciones y contratos vinculados con las operaciones denunciadas.
Según había publicado el diario Perfil, el grupo Macri compró sin licitación seis parques eólicos que después revendió y con ese negocio ganó al menos 48 millones de dólares. La denuncia que dio origen a esta causa la presentaron los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
Los legisladores pidieron que se investigaran los posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. A su vez, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una "investigación preliminar" que forma parte del expediente de Martínez de Giorgi.
El fiscal del caso, Eduardo Taiano, presentó su requerimiento de instrucción y aunque no identificó imputados, impulsó la causa y pidió un primer paquete de medidas de prueba. El lunes pasado, el juez firmó la resolución donde dispuso las órdenes de presentación de documentación dirigida a los organismos públicos.
En el mismo documento, Martínez de Giorgi ordenó que se les requiriera a Nación Fideicomisos y a la Comisión Nacional de Valores que en el plazo de 72 horas remitiera al juzgado "todos los expedientes y la documentación" que tuviera sobre las sucesivas sesiones de acciones o ventas de las empresas destinadas a la explotación eólica cuyos movimientos forman parte de la investigación.
También pidió informes sobre las sociedades a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
Según trascendió, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sin haber sido citado, hizo una presentación en la causa.
El organismo con competencia en el área es la Subsecretaría de Energías Renovables, que depende de su ministerio.
