Fue un movimiento de gran magnitud y se produjo hoy en Ciudad de Buenos Aires. Más precisamente en la oficina de José Saul, el contador contratado por Sergio Urribarri para plantear la justificación técnica de su patrimonio, frente a la denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito.
El allanamiento se produjo luego de que fuera autorizado el pedido de los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro, que tienen en sus manos la investigación, y tras el exhorto enviado desde Entre Ríos para que el juzgado de turno, en Buenos Aires, realizara las actuaciones correspondientes. De los procedimientos, participó un enviado de la fiscalía.
Se trata de la segunda jornada de allanamientos en el marco de una de las tres causas en las que se investiga al exgobernador. En este caso se trata, específicamente de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, pero también hay otra en marcha por los gastos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur –por fraude- y una más enfocada en la figura de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por negocios incompatibles con la función pública, en la cual también está involucrado Urribarri.
Concretamente hoy -luego de los ocho procedimientos judiciales realizados el 1 de agosto en distintas propiedades ligadas al cuñado del exgobernador-, se allanó la oficina de Saúl y según pudo conocer este sitio, se encontró documentación valiosa en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.
La decisión de la Justicia ocurre tras la ventilación de la denuncia, en diciembre último por parte de la revista Análisis respecto del crecimiento patrimonial de la familia Urribarri.
Esta publicación derivó en la presentación de un pedido de investigación en la Justicia por parte de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, que a su vez derivó en la apertura de una causa en manos de los fiscales Brugo y Yedro. Esos dos funcionarios judiciales investigan a Urribarri, además, en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de las contrataciones millonarias en forma directa, sin licitación, durante la Cumbre de Presidentes de Mercosur, en Paraná, en diciembre de 2014.
Es la primera vez en la historia democrática reciente de Entre Ríos que la Justicia avanza en una investigación de esta magnitud frente a un exgobernador.
Kriptax Inc es una sociedad anónima que Mauro –actual ministro de Gobierno– y Sergio Damián Urribarri, hijos del ex mandatario, compraron en el año 2008 a dos mujeres que vivían del cobro de planes sociales y que habrían prestado sus nombres para ésta y otras empresas fantasma.
Su existencia fue revelada por el propio ex gobernador Urribarri tras la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito que presentaron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet a fines del año pasado. Entonces, el ex mandatario reveló desde el año 2007 contaba con una empresa dedicada a la siembra de arroz y soja. Sin embargo, Análisis reveló luego que la firma estaba a nombre de sus hijos y que la habían comprado en 2008 a dos prestanombres del conurbano bonaerense.
La firma se inscribió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 4 de agosto de 2008, a nombre de María Rosa Barraza y Silvia Guallama, ambas argentinas, solteras, domiciliadas en la villa Carlos Gardel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y beneficiarias de planes sociales. El capital inicial de la empresa era de 12.000 pesos. Hasta que el 4 de octubre, es decir, dos meses después, pasó a nombre de Mauro y Sergio Damián Urribarri; y tiempo después se les unió como socio Bruno, el hijo futbolista del ex gobernador. Sin embargo, la empresa recién comenzó a operar en 2013 y en enero de 2014 recibió un crédito de 1.012.000 pesos que le otorgó el Banco de Formosa.
Incluso, en un principio el objeto de la sociedad era la “construcción, refacción y reciclado de inmuebles”. Pero a partir del desembarco de la familia Urribarri, la firma pasó a dedicarse a las actividades agropecuarias y la explotación de establecimientos rurales en inmuebles propios o arrendados compra venta cría y engorde de ganado vacuno ovino porcino o equino”, entre otras actividades vinculadas al campo.
En la misma oficina donde está registrada Kriptax Inc SA, de los hermanos Urribarri, también tiene su domicilio la empresa Agro Premium SA, que integran los hermanos del ex gobernador, Jorge Guillermo Ramón y Armando Arturo Urribarri, y su hijo mayor, Sergio Damián Urribarri. También está registrada en el mismo departamento una empresa constructora en la que aparecen como socios el padre y la hija de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak.
