Fuentes judiciales informaron que los operativos fueron ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y tuvieron lugar a partir de la mañana en el Batallón de Intendencia 601 y en la guarnición militar de Campo de Mayo.
Al mismo tiempo, unos 200 efectivos realizaban también otros procedimientos en las oficinas de la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército, ubicadas en la localidad de Ciudadela en dependencias de Capital Federal, en el conurbano bonaerense, en Tucumán y en una unidad militar de Concepción del Uruguay, entre otros lugares.
En los operativos, los efectivos se abocaron a la búsqueda de documentación que pueda ligar a determinadas empresas con el Ejército a través de la comercialización de bienes y servicios. La investigación apunta a detectar la utilización de presuntas firmas fantasmas para realizar las operaciones, según indicó Clarín.
La denuncia, que recayó en el Juzgado a cargo de Canicoba Corral, fue impulsada por el Ministerio de Defensa por presunta defraudación al Estado por parte de integrantes del Ejército. Ahora, el magistrado se abocará al análisis de la documentación encontrada para constatar la existencia de dichas empresas.
El fiscal Eduardo Taiano explicó que hay “serios indicios” de actos simulados de competencias entre oferentes “para adjudicar contrataciones determinadas de antemano”. Allegados al sumario señalaron que Taiano detectó compras ficticias, falsificaciones de firmas y contratos con proveedores que se dedicaban a rubros distintos a los requeridos, entre otras irregularidades.
La denuncia fue presentada el 8 de agosto pasado, por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio que conduce Nilda Garré, luego de detectar irregularidades en la forma en la que se arreglaban contrataciones en el Ejército, que provocaron el pase a disponibilidad de 48 altos jefes militares de la fuerza. El presunto fraude cometido en perjuicio del Ejército llegaría a unos 40 millones de pesos.
