La Corte que ahora preside Rosatti, que se votó a sí mismo aprovechando la ausencia de Lorenzetti, ha empezado a funcionar cada vez más con «ferocidad jurídica», la persecución a opositores, y cumpliendo las órdenes de sus mandantes, cubrir con un manto de impunidad jurídica a los verdaderos mafiosos que han hipotecado esta democracia. Empezó Rosenkrantz (empleado de Clarín y La Nación) que asegura que su rol es poner un freno al «populismo» ( o sea al Justicialismo) para después de afirmar que es falso que «detrás de cada necesidad, hay un derecho», y también lorenzetti, durante años titiritero del Lawfare mientras se reunía en la Embajada de EEUU con empresarios de aquí y de allá para tranquilizarlos.
Cuando Rosatti dirigió un discurso en Am-Cham empresarios de las Corporaciones de EEUU, omitió deliberadamente el Art. 14 de la Constitución, que establece que todos los habitantes tienen derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar y publicar sus ideas por la prensa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender.» Pero hay otro que lo completa al anterior que es el Art. 14Bis que habla de derechos laborales. Pero lo que les interesaba a los de Am-Cham era cómo se podía modificar el Art. 14 bis, porque los empresarios están lejos de participar a los trabajadores en su rentabilidad extraordinaria y reclaman reformas laborales que incluyan la libertad de despedir entre otras cuestiones. Es evidente de que lado del mostrador está Rosatti.
Lo insólito de Rosatti en esa reunión fue que se expresara como si fuese una causa a resolver en la Corte, a decir que «La Constitución manda a defender el valor de la moneda o cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria porque eso implica no defender su valor y traicionar el mandato de la Constitución que está por encima de todos nosotros. Como los integrantes de Am-Chan no conocen la Constitución de la Argentina, Rosatti les hacía un guiño para obtener un respaldo en su proyecto político.
La Constitución no dice que no se puede emitir. Lo que dice en el artículo 75 inciso 19, es que corresponde al Congreso proveer lo conducente al progreso económico con justicia social (no al Capitalismo) y a la defensa del valor de la moneda. Es el parlamento el que modificó la Carta Orgánica del Banco Central, que en su artículo 2 dice que: «El Banco tiene por finalidad promover en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social». NO hay mención a que la emisión sea la causa de todos los males, ese es el «discurso» de Juntos por el Cambio, accionista de la Corte Suprema S.A. Lo que también se «olvidó» Rosatti es que el inciso 4 de ese mismo artículo, dice que » la toma de deuda por el Gobierno Nacional la tiene que AUTORIZAR el Congreso, algo que no se hizo con el préstamo del FMI.
La Constitución no establece la obligación de emitir moneda con respaldo en oro y que un gobierno puede decidir emitir moneda para devaluarla respecto a otras y hacer más competitivas sus exportaciones.
Esta entidad de lobby de las empresas de EEUU que operan en nuestro país emitió en los últimos dos meses dos comunicados de apoyo explícitos a la Corte. El primero está vinculado a su fallo en el caso por la Coparticipación de CABA, que implicaría que el Estado Nacional le quitara fondos a las Provincias para dárselos a Larreta en un año electoral. ¿Se entiende?. El problema de este fallo es de imposible cumplimiento, ya que hacerlo violaría la Ley de Presupuesto que ya estableció legalmente el destino de los fondos que quieren regalarle a Larreta.
Por eso Rosatti volvió a atentar contra el federalismo con el respaldo de los empresarios. La relación Rosatti-Empresarios es clara: en Febrero, cuando el Congreso inició el proceso de Juicio Político a la Corte, que por otra parte sí está previsto en la Constitución, desde la AM-Cham publicaron un comunicado de una carilla dónde criticaron la situación, promoviendo el respeto a las instituciones y a la seguridad jurídicas.(¿Que respeto tienen las empresas yanquis cuando viene de un país que asoló al mundo con terribles guerras con tal de mantener su hegemonía y su seguridad jurídicas?).
Es la Corte nauseabunda que hizo la «vista gorda» en numerosos fallos de instancias inferiores que se involucraron en decisiones de políticas económicas (como las cautelares para comprar dólares, cercenar derechos laborales, rapiñar los bolsillos de millones de ciudadanos permitiendo el cobro astronómico de los servicios de internet ,cable y celular, entre otras. No fue casual).
Hace rato que la Corte opera como una escribanía empresarial y sus decisiones se asientan en los estados contables de los financistas y promotores de Juntos por el Cambio.
Pero volviendo a la inexplicable reunión de los empresarios yanquis, en la apertura del evento, que estuvo a cargo del presidente del JP Morgan (uno de los principales beneficiarios, junto con Macri, de los incendios en Iron Mountain) Facundo Gómez Minujin. Para el banquero que siempre se olvida de que su empresa fue una de las principales autopistas de fuga de dólares del país, teniendo a Prat Gay como Ceo y funcionario macrista. Rosatti acusó al Estado de promover demasiadas causas. Pero si tienen tantas causas sin resolver, ¿por qué intervienen en las elecciones de Tucumán y San Juan violando los derechos federales de las provincias que tienen tribunales electorales para dirimir esa cuestión?
Rosatti habla de sustentabilidad jurídica, pero es contrafáctico hablar de sustentabilidad jurídica cuando aceptó ser nombrado por decreto violando la disposición del acuerdo del Senado; o firmar por decreto el del 2×1 para favorecer a genocidas, o tomar por «asalto» el Consejo de la Magistratura para conceder la impunidad a las innumerables causa que tienen los funcionarios macristas, resucitando una ley derogada por el Congreso hacía 14 años. ¡Un disparate!
Como Rosatti es un Juez locuaz cuando se trata de respaldar al Capitalismo agregó en un evento patrocinado por sus patrones, perdón por Clarín: «la Constitución utiliza la palabra progreso. El progreso no es una mala palabra. Acá hay una costumbre de castigar al que progresa. Castigar al que le va bien. Es una cuestión cultural, es absurdo.. No hay nada para distribuir si antes no se acumuló. O sea un canto a la teoría del derrame que no está prevista en la Carta Magna. De hecho, cuando menciona progreso, la Constitución dice:» progreso económico con justicia social». Otro imperdonable olvido de este cínico juez que tiene amnesia lacunar cuando le conviene.
Dejemos a Rosatti para pasar a la Corte. En una reunión de los supremos se planteó que el «caso Robles», que hemos mencionado en esta columna, era un escándalo que salpicó a toda la Corte. Pero Rosatti y Rosenkranz respondieron que no era el momento de tratar ese asunto que involucra a Moromedia SRL. Esta sociedad fue creada por Silvio Federico Robles y Patricia Duró, madre de Natalia Monayer. Estos personajes «juntan» cuatro millones de pesos al mes en la Vocalía de Horacio Rosatti. El nexo entre Rosatti y Rosenkranz es Agustín Casares, de la vocalía de Rosenkranz. Todo tiene que ver con todo. Martín Casares a su vez, ex jefe de gabinete del ex Ministro de Justicia Germán Garavano, uno de los armadores del lawfare. Martín Casares como decía, es el actual Secretario general del Colegio de Abogados que preside Ricardo Gil Lavedra que en su momento el macrismo le dio $2.000.000 para perseguir al grupo Indalo de C5N. A su vez Santa Fé contrató a los estudios de Gil Lavedra y Rosenkranz en 2008 en un litigio contra el Estado Nacional por la coparticipación. Terminaron pidiendo la friolera de $18 mil millones de pesos Honorarios-No hay que andarse con chiquitas, vió.
La Corte trabaja muy poco. Tiene causas paradas, como la del Correo de Macri (20 años) y el amparo de Telecom. Cada Juez de la Corte gana más o menos $5 millones de pesos al mes sin pagar Ganancias y con dos meses de vacaciones pagas al año. Si esto no es «la casta», ¿la casta dónde está?
Rosenkranz asegura que el tema de Robles se trata de un problema de Rosatti. El asunto es que los dos juntos asumieron el control de la Corte, con Maqueda que no oye no escucha no habla ( tiene un problema grave con el desfinanciamiento de la Obra Social del Poder Judicial). Hace días Rosatti citó a camaristas para validar la asunción de Leal de Ibarra como presidente de los Camaristas Federales y Nacionales. Ahora esos mismos camaristas hacen fila en el despacho de Rosatti que está refugiado en su «bunker», para pedirle explicaciones sobre el manejo del sistema informático de Moromedia. SRL. La Jueza Agustina Diaz Cordero con Lugones por la Vice Presidencia del Consejo de la Alquimia Judicial (perdón de la magistratura). Cada juez de la Corte tiene su «terminal»: Rosenkrantz es Clarín/ Rodríguez Simón y Macri.. La Corte es una agencia de colocaciones de progenie, amigues y demás familiares. ¿Quién les dio acceso al sistema informático de la Corte a Robles y Monayer? Andrés Sacchi es el director del sistema de la Corte y tiene un sueldo de un Juez de Instrucción. ¿Quién puso la firma en la resolución? ¿Rosatti?
Dentro de la Justicia se sabe que la mayoría de los fallos los escriben empleados de confianza, y los jueces solo ponen el «gancho».
¿Hace falta algo más para ver que algo está podrido en Dinamarca? Perdón Hamlet.
