El mandatario puntualizó en el servicio de internet que profundizó la brecha en el acceso entre quienes podían pagar la conectividad para continuar con las clases y quienes no. «Sabemos que vivimos en un país injusto», expresó el Presidente de la Nación y agregó: «Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar».
De esta manera, rechazó las quejas de las compañías del sector frente a los decretos con los que se congelaron las tarifas durante la primera ola del coronavirus y con los que luego se habilitaron aumentos controlados.
A mediados de julio, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a través de la Resolución 862/2021 publicada en el Boletín Oficial estableció en su Artículo 3 que los licenciatarios de servicios de acceso a Internet (SVA-I), de servicios de telefonía fija, de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico y de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital, también podrán incrementar el valor de todos sus precios minoristas hasta un 5% retroactivo al 1° de julio de 2021.
Ante las quejas de los usuarios, y al igual que en las anteriores oportunidades en las que se autorizaron incrementos, el ente dirigido por Claudio Ambrosini estableció que cualquier aumento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por los licenciatarios que supere los valores expresamente autorizados «deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas».
En agosto de 2020, el presidente Alberto Fernández dictó un DNU que declara servicio público a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). La decisión se efectivizó a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que aplica modificaciones a la Ley N° 27.078 (conocida como “Ley Argentina Digital”).
El DNU publicado por el Presidente considera que el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión; que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social. El decreto tenía vigencia hasta diciembre de 2020 en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.
