De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y contra “el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó Fernández en las redes sociales mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto en el Boletín Oficial.
Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla política y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.
Ayer, por caso, los directores de la agroexportadora rechazaron la renuncia y la cesión de sus acciones a un fideicomiso, tal como había exigido el gobierno santafesino en un plan que había intentado instrumentar Perotti, y el secretario de Justicia de esa provincia oficializó que se retiraban de las negociaciones.
Tras el traspié legal y político de ayer, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito.
El gobernador se había involucrado activamente en las negociaciones con los representantes de la compañía, radicada en ese distrito, después del anuncio presidencial y de que el Gobierno no lograra encausar un salvataje concreto. Además de la quiebra, el juez federal Julián Ercolini lleva adelante una investigación por supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación.
En las últimas semanas, en tanto, el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, se metió de lleno en el tema por pedido expreso del Presidente. La semana pasada, el funcionario viajó a Rosario y dedicó todo un día a reunirse con representes sindicales, de los acreedores, de la Inspección de Justicia y acopiadores de granos, entre otros. A la vuelta, le avisó a Fernández, según contaron asesores presidenciales: “Esto no camina”.
“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, remarcó Fernández en las redes sociales. Y agregó: “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.
“En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado, que aseguró además que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.
