El proyecto es autoría de la convencional constituyente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alba Allende de López, quien pretende, entre otros aspectos, que exista igualdad de oportunidades en el acceso a la salud «para toda la población, sea esta de grandes centros urbanos o de pequeñas localidades. Deben tener las mismas posibilidades los ciudadanos que acceden con facilidad a un hospital, centro de salud, o clínicas privadas, que aquellos que residen en localidades rurales o en departamentos pequeños alejados de las grandes capitales».
Al respecto, López señaló que «es importante que el Estado asegure la salud como derecho fundamental de las personas, y que garantice la promoción, protección, prevención, recuperación y rehabilitación de sus habitantes, incluyendo el control de los riesgos biológicos y socio ambientales de todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causas que se pueden evitar».
Por eso, explicó, deberá articular programas y acciones de salud solidarios, universales, adecuados y oportunos.
La convencional, que es médica de profesión, recordó que «si se incorpora este proyecto a la Constitución, el Estado deberá dar prioridad a la atención primaria de la salud, y promover la protección materno infantil, la lucha contra endemias, adicciones en general y enfermedades infectocontagiosas, garantiza la atención integral de los grupos más vulnerables, carenciados de la tercera edad, personas con discapacidades, niños y adolescentes».
El texto que se presentó en la Convención reconoce los derechos reproductivos y sexuales como una manera de propiciar de igualdad entre varones y mujeres, promoviendo la maternidad y paternidad responsable, poniendo a disposición de las personas información, educación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen aquellos derechos.
En otro orden, propone que «la provincia controle, regule y financie el sistema de salud. El gasto público en salud es una inversión social prioritaria para la Provincia. El Estado controla, regula y financia el sistema de salud..El Estado tiene la obligación de poner a disposición de la población información, educación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen derechos y el acceso libre e integral de la salud».
Otro aspecto importante está relacionado con el control que el Estado deberá realizar, a las entidades sanitarias, sean estas de carácter públicas o privadas.
Medicamento, bien social
Para López, «el medicamento es un bien social. Por eso, el proyecto propone que el Estado disponga lo necesario para entregar medicamentos eficaces a la población que lo necesite en forma oportuna y de la manera más económica fiscalizando su procedencia y calidad».
Además señaló que «para nosotros los radicales, la consideración de los medicamentos como un bien social, no es una novedad por cuanto ya fuera plasmado en el gobierno del Dr. Arturo Illia en la tan mentada ley Oñativia o ley de medicamentos 16.462/64 que tan cara resultara para nuestros sentimientos».
También indicó que es necesario que la provincia promueva la creación de centros de estudios e investigación, de formación y capacitación en materia de salud. «Esto propenderá a una eficaz prestación del servicio de salud, de acuerdo a las necesidades de la provincia, estableciéndose los escalafones de la actividad de los trabajadores de salud de conformidad a las leyes de carrera que regulen su ejercicio».
Seguro de salud
López también consideró que «también es un derecho que el Estado garantice, a través de una ley, la aplicación de un seguro provincial de salud para toda la población como también la progresiva implementación de la autogestión y descentralización hospitalaria».
