«Es evidente que estamos ante un problema socio – ambiental de una gravedad inusitada, frente al cual ningún poder del Estado provincial puede mirar para el costado”, dijeron los diputados. Incluso, sostuvieron que deben actuar con celeridad y responsabilidad, haciendo “todos los esfuerzos posibles para su solución, en pos de mitigar y/o remediar los daños causados y evitar hacia el futuro acciones en detrimento de la calidad del ambiente y la salud humana», concluyeron.
Asimismo hicieron referencia a iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados de la provincia «que servirían para comenzar a solucionar un grave problema como es la incorrecta gestión de los residuos en muchísimas localidades, y que en especial permitirían una correcta articulación de esfuerzos entre la provincia y el municipio de Concepción del Uruguay para ordenar el verdadero desastre urbano – ambiental que representa el problema de la basura en esta ciudad» sostuvieron,
En ese sentido, mencionaron un proyecto de Ley de gestión integral de residuos domiciliarios y otro proyecto de Resolución solicitando al Ejecutivo que disponga con urgencia todas las acciones necesarias a los efectos de garantizar el cumplimiento estricto del Decreto 6009/00, reglamentario de la Ley provincial 8880, en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos.
Más adelante, los diputados recordaron que la Constitución nacional y la recientemente reformada Constitución provincial garantizan a todos los habitantes el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. El texto constitucional provincial también impone al Estado el deber de garantizar los principios de prevención y precaución, y la obligación de promover una gestión integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje, así como la de establecer medidas preventivas y precautorias del año ambiental.
La Constitución también manda que deben ser instrumentos de la política ambiental, entre otros, la evaluación ambiental estratégica, el estudio y evaluación de impacto ambiental acumulativo, y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones».
