La norma dice que aquella función estaba en cabeza del Poder Ejecutivo mediante el Decreto 10.300 del 19 de noviembre de 1965, aclaratorio del Decreto Ley Nº 8302 del 19 de julio de 1957, que le confirio "la aprobación de los asuntos relativos a la refundición, división o redistribución de las líneas ferroviarias y a la clausura definitiva de líneas, ramales, desvíos o estaciones ferroviarias".
"La explicación es que está pensado para casos como el levantamiento de vías del tren Urquiza en Lacroze para la urbanización de la villa Fraga que está al lado. Antes se requería de un decreto presidencial para hacerlo, ahora esa facultad se delegó al Ministerio de Transporte para que pudiera hacerlo directamente. Otros casos pueden ser estaciones, o ramales que se desafecten del uso ferroviario para destinarlos a otros usos, como Procrear, espacios públicos, o calles", sostuvieron desde el Ministerio de Transporte a La Nación.
En ese sentido especificaron que "muchos asentamientos informales o villas que se están urbanizando en todo el país se encuentran en terrenos ferroviarios. Esto permitirá al ministerio de transporte ser ágil a la hora de formalizar el nuevo uso de esas tierras e integrar a estas comunidades al tejido urbano".
De acuerdo a la reglamentación, los rieles, durmientes, aparatos de vías y "el resto de los bienes muebles que compongan la infraestructura ferroviaria que se encuentra ubicada en el sector que se resuelva remover, quedarán en poder de la Administración Nacional de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)".
El decreto no abunda en detalles. Tampoco establece que pasará con los bienes inmuebles, terrenos y tierras, que quedarán disponibles si se levantan los rieles.
