Según averiguó parlamentario.com, la radical decidió concurrir a la reunión, donde insistirá con que el pedido judicial forma parte de una “maniobra política” para darle un golpe a Cambiemos pensando en las elecciones de 2019.
De acuerdo a la investigación, cuando Ayala era intendenta de Resistencia, entre 2011 y 2015, lideró una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
El actual intendente de la capital chaqueña, Jorge Capitanich, declaró ante la jueza y aportó documentación en torno al contrato con la empresa de recolección de residuos Pimp S.A., que se firmó durante la gestión de Ayala.
La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el próximo miércoles a las 10 y lo que planteará Cambiemos es solicitarle a la Justicia una copia del expediente antes de dictaminar, puesto que para eso hay un plazo de 60 días, según establece el artículo 2 de la Ley de Fueros.
De acuerdo a ese mismo artículo, “la Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión”, y para aprobar el desafuero se requieren los dos tercios de los votos -en el caso de Diputados son 172-.
Llegado el caso, en Cambiemos admiten que no habría otra opción que votar a favor del requerimiento judicial, de modo de no obstruir la investigación, aunque la expectativa está depositada ahora en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Allí se debe resolver el pedido de eximición de prisión presentado por Ayala, y en caso de serle concedido, fuentes del oficialismo aseguran que “el pedido de desafuero perdería sentido” y así se ahorrarían el costo político de votarlo.
