Busti y el vicegobernador Pedro Guastavino recibieron anoche una cédula de notificación que fue enviada por el juez Quadrini. La misma será enviada a las cancillerías argentina y uruguaya.
De esta manera, el juez solicitó a los gobiernos de ambos países que aporten «respuestas fundadas y debidamente acreditadas» sobre los distintos aspectos relacionados a los acuerdos internacionales suscriptos por las naciones, entre otros puntos.
Guastavino explicó a la agencia estatal Télam que en la cédula de notificación el juez solicita «medidas probatorias» para determinar si los proyectos de las plantas que se están instalando en el Uruguay cumplen con los derechos ambientales vigentes.
En tanto, la abogada patrocinante del gobierno entrerriano, Romina Piccoloti, reveló que algunos de los directivos contra los que se formuló la denuncia fueron condenados hace algún tiempo en España por delitos ecológicos. Entre otros, mencionó al director general de Celulosas Mbopicuá, filial uruguaya de ENCE, Fernando García Rivero, condenado en Pontevedra, España, por delito ecológico.
También por el mismo delito fueron imputados en Pontevedra el vicepresidente del grupo empresarial ENCE, Juan Ignacio Villena Ruíz Clavijo y el directivo del grupo, Pedro Blanquer Gelabert.
