La postulación del gobernador Busti no recae sobre cualquier figura, sino nada menos que sobre quien ejerce la presidencia del bloque de diputados del PJ, con toda una historia política unida al partido que gobierna la provincia. De prestar su acuerdo el Senado, cosa que seguramente hará aplicando la “mayoría automática” que ostenta, Castrillón dejará su banca para, inmediatamente, ocupar el lugar hoy vacante del más alto cuerpo de la Justicia de Entre Ríos.
Semejante discrecionalidad manifiesta en la designación de la máxima autoridad de Justicia no puede sino alertar a toda la ciudadanía acerca de la fragilidad institucional en que se encuentra la provincia, al no respetar el principio básico y fundamental de la independencia de los poderes del Estado.
No será ésta la primera vez que un Gobernador hace uso, y abuso, de la facultad de designar a un magistrado con el fin de garantizarse un poder judicial adepto. Conocemos los antecedentes en este sentido y esta Central de Trabajadores los ha repudiado históricamente, pero sí es este gobernador quien hizo de la creación del Consejo de la Magistratura una permanente referencia a su supuesta voluntad de transparentar el poder Judicial.
Por todo ello, la CTA Entre Ríos entiende –como lo señalara oportunamente al conocer el decreto de creación del Consejo de la Magistratura- que no hay ningún argumento racional por el que pueda mantenerse la exclusión de este Consejo cuando se trata de designar a la más alta autoridad del poder judicial.
En este sentido, y por evaluar como un innegable avance en el camino de la democratización del poder Judicial el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la CTA exige que ese mecanismo de selección de jueces se aplique también a los miembros del STJ, única forma de poner freno a la peligrosa arbitrariedad en que cada gobierno de turno incurre, de manera legal pero absolutamente ilegítima.
El hecho de mantener esta limitación para el Consejo de la Magistratura, sumada a una postulación que no deja dudas en cuanto a la vinculación de la figura propuesta con el Ejecutivo, marca una profunda distancia entre el accionar del gobernador y su discurso a favor de la calidad institucional de la provincia.
En otro orden, cabe señalar que el diputado Castrillón, quien públicamente defiende su idoneidad para el lugar al que fue postulado apelando al conocimiento y experiencia acumulados durante años de desempeño legislativo, la Central advierte que, en muchos casos, ese “conocimiento” no ha sido puesto en función de obtener la mejor ley para la provincia, sino la que oportunamente resultara más conveniente según el color del gobierno.
Tampoco su experiencia ha sido utilizada para garantizar los mejores procedimientos legislativos, sino que su accionar dentro de la Legislatura se caracteriza por el constante maltrato y descalificación de sus pares con actitudes que poco tienen que ver con la salud institucional del Cuerpo al que debería honrar, así como por una permanente discriminación a las mujeres que ocupan bancas en la Cámara.
La CTA Entre Ríos insistirá en la necesaria democratización y transparencia del Poder Judicial, exigiendo que los miembros del STJ se sometan también al mecanismo del Consejo de la Magistratura, garantizando que la sociedad pueda participar en la selección de los mejores ciudadanos para cumplir con una función tan trascendente de la vida política de la provincia.
