Vega planteó la posición jurídica, política y técnica de los intereses de los entrerrianos. Primero, que el cuestionamiento del Estado entrerriano se elevó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que juzga la conducta de los Estados americanos. En segundo y tercer lugar se sostuvo que no hay un informe oficial válido del Estado uruguayo que acredite que no hay contaminación, y que Uruguay no cuenta con personal capacitado en el tema ni tiene experiencia para realizar los estudios pertinentes. En cuarto lugar se aclaró que el planteo no es contra los uruguayos, ni contra el Uruguay ni tampoco es entre ecología y economía.
En quinto lugar se observó que Entre Ríos se opone a una política de doble estándar, es decir que lo que no es bueno para Europa sea aplicado en el río Uruguay. Por último se planteó que los beneficios que recibirá Uruguay por la reactivación económica serán enormemente inferiores a los daños económicos que producirá en Argentina.
