Agrotóxicos: vecinos de Pergamino reiteran la complicidad del intendente con los fumigadores

La problemática cobró mayor relevancia luego de que se conociera, a través de un relevamiento de los propios vecinos, los más de cincuenta casos de cáncer en tan solo dos manzanas del distrito.

El intendente sabe lo que sucede. A principio de año, debido a las denuncias realizadas y al fallo judicial, se comprobó que el agua de la ciudad tiene al menos, 18 agroquímicos; sin embargo el jefe comunal salió a desmentir esto. Un día después, la justicia dictaminó que el Estado debía proveer de agua y Javier Martínez, lejos de reconocer que fue una orden, salió a hacerse el considerado diciendo que fue una medida de él”, sostuvo Ortíz en relación al jefe comunal perteneciente a Cambiemos.

Hace tres días, el Juzgado Federal de San Nicolás, por pedido del fiscal Matías Di Lello ordenó el allanamiento de la municipalidad para determinar la responsabilidad del Ejecutivo en las últimas fumigaciones en los campos aledaños de la zona poblada.

Sin embargo, la abogada comentó que a principio de año, al memento de buscar los antecedentes de las denuncias realizadas por los vecinos al municipio y al pedir las historias clínicas de las diferentes salitas comunales y del hospital, “habían desaparecido. No había ningún tipo de registro sobre los casos”. Lo más dramático es que “queremos saber qué es lo que tienen nuestros hijos, qué tenemos nosotros, y lo poco que había para aportar a la causa desapareció”.

De esta manera, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para realizar los análisis correspondientes sobre el cuerpo de los vecinos “y así saber qué es lo que tienen los chicos, qué tenemos nosotros; esto debería haberse efectivizado en marzo y aún no hay respuestas”.

En relación al allanamiento realizado esta semana, “tenemos grandes expectativas de que se haga justicia y nos den una respuesta a todos los vecinos de Pergamino; no solo por los cuatro imputados, sino por la responsabilidad de cada uno de los funcionarios cómplices que no actúan en su deber de control, y que priorizan los intereses económicos antes que la salud de los ciudadanos”, finalizó la abogada Sabrina Ortíz en diálogo con este medio.

Entradas relacionadas