Scattone explicó que, de igual forma, presentarán un recurso de queja para volver a intentar llevar el expediente a la Corte. La presentación se realizará en estos días dado que los plazos judiciales son cortos. “Tenemos que actuar con mucha rapidez”, dijo a Radio Ciudadana (FM 89.7).
“Entendemos que quienes están en el STJ conocen los derechos garantizados de la Constitución provincial”, dijo Scattone. En efecto, el artículo 22º de la Constitución entrerriana es taxativo. “Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común”.
De la misma forma, el asambleísta destacó que el STJ pasa ‘por encima’ de la ley de amparos, que exime de imponer costas en los recursos por cuestiones ambientales, y de la Constitución de la provincia.
La génesis del conflicto actual tuvo lugar en enero de 2019 cuando la Provincia sacó un decreto avalando una resolución del fiscal de Estado, Julio Rodríguez, quien elaboró una normativa donde se reducía, en parte, la distancia que el Poder Judicial había impuesto para la aplicación de agroquímicos. La medida era un pedido urgente de los productores entrerrianos tras un fallo judicial que dejaba improductivas unas 300.000 hectáreas. El decreto Nº 4407 estableció una “zona de exclusión” de aplicación de plaguicidas de cien (100) metros de radio para el caso de aplicaciones terrestres y quinientos (500) metros para aplicaciones aéreas, medidas desde el centro del casco de la escuela rural.
Anteriormente, la Cámara II de la sala II de Paraná había sentenciado prohibir la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos.
Ante el decreto Nª 4407, la ong Foro Ecologista de Paraná y Agmer recurrieron nuevamente a la justicia interponiendo un nuevo amparo ambiental, pero esta vez en contra de este nuevo decreto, arguyendo que nuevamente se afectaba la primera de las sentencias ya analizada. Y lo único que obtuvieron fue que no se midiese la distancia desde el casco de la escuela rural sino desde una barrera vegetal a implantar a 150 metros de distancia.
Comunicado
“El STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo)”, se quejaron del colectivo Basta es Basta. “Esta situación es de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos. No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho internacional nos respalda”, advirtieron en un comunicado dado a conocer posteriormente a la notificación del STJ.
La notificación lleva la firma de los supremos Germán R. F. Carlomagno, Bernardo I. R. Salduna, Susana Medina de Rizzo, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone, donde rechazan el recurso extraordinario federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección para las escuelas rurales entrerrianas frente a las fumigaciones con agrotóxicos.
“Es de suponer que estos jueces que integran el órgano máximo en la Justicia entrerriana, son las personas más formadas en la materia. Por tanto ¿desconocen la gratuidad de la acción de amparo ambiental, otorgada en la propia Constitución de Entre Ríos? ¿A qué intereses sirven cuando desconocen la Constitución a la que se deben? ¿Al mal denominado agro negocio? Ya ni siquiera es buen negocio esa práctica de la agricultura industrial”, recalcaron en un comunicado de prensa.
“Desde Basta es Basta nos preguntamos qué resultados generó el Decreto 2239/19 que vino a reducir la protección lograda por nuestro amparo, una acción jurídica modelo que fue replicada en otros puntos del país. Según el fiscal este decreto que entró en vigencia el 1° de enero, es ´ejemplar en el país, no hay reglamento en Argentina que establezca tanto reaseguro en el ejercicio de aplicación de plaguicidas´. Pero al día de la fecha, ningún hecho de la realidad apoya tan desmedidos autoelogios”, reprocharon los ambientalistas.
Según prometió Rodríguez Signes “el decreto garantiza la seguridad ambiental y la salud”. Le cabe al fiscal y al Gobierno de Entre Ríos responder varias preguntas, formuló la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta:
1) ¿Por qué no está disponible de manera completa el mapa georreferenciado de Escuelas Rurales de la provincia de Entre Ríos (Artículo 7°)?
Esa información fue provista en 2014 a la Secretaría de Agricultura, relevada por uno de nuestros compañeros. Pero ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican por escrito. Mal pueden evaluar el impacto en el ambiente y menos determinar el impacto en la salud.
2) ¿Se inició el programa de seguimiento de la salud de los agricultores y comunidades rurales (Artículo 15°)?
3) ¿Ya puso en línea el Gobierno de Entre Ríos el cacareado “sistema web de gestión de información con tecnología geo referencial” y el “sistema de monitoreo Remoto y Trazabilidad de la aplicación de agroquímicos que implique la adquisición, registro y gestión de alarmas con transmisión de datos basados en una microcentral para ser instalado en pulverizadoras” prometido en el Artículo 8° del decreto?
4) ¿Habrá llegado la hora milagrosa de que los pueblos fumigados podamos acceder a la información de quienes son los responsables de envenarnos? Las empresas aplicadoras y el Colegio de Agrónomos ya lo saben de sobra, hace largo tiempo porque la tecnología está vigente y es utilizada por la agroindustria.
«Es inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar e impida que avancemos en un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet.
